Según un comunicado emitido por Rutas de Lima, la firma subraya que “las injusticias y arbitrariedades” del gobierno han devastado su viabilidad financiera. Entre las acciones más perjudiciales se encuentran dos decisiones del Tribunal Constitucional que eliminaron el cobro de peajes en la Unidad de Peaje Chillón y en la estación de Conchán, lo que ha impactado fuertemente en sus ingresos.
**Causas de la Crisis Financiera**
El comunicado expone varias razones detrás de esta difícil situación. Entre ellas se destaca el “repudio expreso de laudos arbitrales internacionales”, respaldados por la justicia de Estados Unidos, que suman más de 700 millones de soles peruanos (aproximadamente 172 millones de euros). Este clima de inseguridad jurídica ha generado un ambiente hostil para la inversión.
Brookfield también señala una “constante campaña de hostigamiento y difamación” por parte del alcalde de Lima y otras autoridades, quienes han utilizado tanto los medios de comunicación como las redes sociales para promocionar sus propuestas de eliminar los peajes, considerando que son resultado de corrupción.
**Acciones Legales**
Frente a estos retos, Brookfield ha decidido iniciar un arbitraje internacional contra el Estado peruano, amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá. La compañía se reserva todos sus derechos ante las continuas violaciones estatales y la destrucción de su inversión.
En este contexto, la firma estima que el valor de sus autopistas asciende a 2.700 millones de dólares (2.303 millones de euros), cifra que ahora busca reclamar a Perú a través del proceso arbitral.
Cabe recordar que en 2016, Brookfield adquirió una participación mayoritaria en Rutas de Lima por 430 millones de dólares (366 millones de euros) a la empresa brasileña Odebrecht, conocida por su intervención en escándalos de corrupción en América Latina. A pesar de las acusaciones de corrupción que han llevado a Rutas de Lima a los tribunales en Estados Unidos, la firma ha logrado ganar 200 millones de dólares (170 millones de euros) en arbitrajes, aunque los pagos se mantienen pendientes.
