El Tribunal Supremo ha tomado una decisión crucial al anular la distribución de plazas en una oferta de empleo público del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. Este fallo se sustenta en el incumplimiento de la normativa que establece que al menos el 60% de las plazas deben ser reservadas para promoción interna. La sentencia responde a un recurso presentado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contra la convocatoria de 2024, que contemplaba 118 plazas: 73 para el turno libre y solo 45 para ascensos profesionales.
Un incumplimiento significativo
CSIF argumentó que solo el 38% de las plazas estaban destinadas a la promoción interna, lo que infringe una legislación de 1977 diseñada específicamente para el sector penitenciario. Esta normativa indica que el porcentaje mínimo para ascensos debería ser del 60% en relación a la oferta total. Por otro lado, el abogado del Estado se refirió a la legislación preconstitucional como un argumento contra dicha disposición, sugiriendo que las leyes más recientes solo requerían un 30% de reservas. Sin embargo, el Supremo rechazó esta interpretación, confirmando que la normativa de 1977 sigue vigente y es compatible con la Constitución y las legislaciones posteriores respecto al empleo público.
Importancia de la promoción interna
Más allá de anular la oferta, el Tribunal ha reconocido la relevancia de la promoción interna como un mecanismo esencial para el ascenso de funcionarios hacia posiciones superiores. Esta valoración reconoce la autonomía del legislador para establecer estructuras y procesos de acceso en los cuerpos funcionariales de manera que se fomente la carrera profesional de los empleados públicos.
Un futuro con mejores oportunidades
La anulación de la oferta llega tras una suspensión previa dispuesta cautelarmente en noviembre de 2024, lo que implica que cualquier futura distribución de plazas deberá acatar la normativa vigente. CSIF está actualmente en diálogo con el Ministerio de Función Pública para abordar mejoras en las condiciones laborales, enfocándose en fortalecer la promoción interna. Durante las negociaciones, que involucran a sindicatos como CC OO y UGT, se han planteado planes para facilitar ascensos más ágiles a través de formación homologada y programas específicos de recursos humanos que identifiquen necesidades de personal.
Mediante estas iniciativas, se prevé no solo el crecimiento profesional de los funcionarios, sino también la retención del talento en las administraciones públicas, un aspecto crucial para el desarrollo óptimo del sector.
Con esta decisión del Tribunal Supremo, queda claro que el camino hacia una administración pública más equitativa y eficiente está en marcha, priorizando el desarrollo interno de sus trabajadores.
