La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha decidido no sancionar de inmediato a los empleadores de trabajadoras del hogar que aún no han realizado la evaluación de riesgos laborales en sus domicilios, a pesar de que esta obligación entra en vigor este viernes. Fuentes del Ministerio de Trabajo, encabezadas por Yolanda Díaz, han confirmado que están siendo flexibles ante la situación, especialmente teniendo en cuenta que muchos han dejado esta tarea para los últimos días, justo cuando la plataforma en línea destinada a este proceso ha tenido problemas tras sufrir un ciberataque.
Un camino complicado hacia la obligatoriedad
La obligación de realizar esta evaluación se aplica a partir de ahora, coincidiendo con los seis meses desde que se lanzó la herramienta en la web prevencion10.es. Esto no implica que haya un plazo que finalice este viernes; más bien, se activa la obligación en sí, establecida por el decreto que regula los derechos de las trabajadoras del hogar. Sin embargo, muchos usuarios han encontrado dificultades al intentar acceder a la plataforma, que ha estado funcionando de forma intermitente desde el pasado miércoles.
Los problemas surgieron cuando un ataque malicioso con bots automatizados sobrecargó la página, resultando en la limitación de acceso para miles de usuarios. En el día previo a la interrupción, se bloquearon 16.091 direcciones IP sospechosas que intentaron realizar 49,4 millones de accesos a la plataforma, lo que hace evidente la magnitud del inconveniente.
Compromiso y derechos laborales
Aunque el ministerio no ha especificado la duración de este periodo de flexibilidad, ha reiterado que la Inspección no busca recaudar, sino garantizar los derechos laborales. La intención detrás de esta normativa es asegurar condiciones más justas para las trabajadoras de hogar. El año pasado, se dio un paso significativo al otorgarles acceso a las prestaciones por desempleo.
No obstante, es crucial que los empleadores completen la autoevaluación; ignorar este trámite puede ser considerado una infracción grave, con sanciones que pueden alcanzar hasta 49.180 euros en caso de agravantes. Sin embargo, sin estas circunstancias, la infracción se consideraría leve y podría acarrear un máximo de 2.450 euros. Es importante resaltar que la Inspección no tiene la facultad de entrar en domicilios, pero sí puede solicitar documentación y actuar en base a denuncias.
Sector en retroceso y retos por enfrentar
La Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD) ha valorado positivamente el nuevo derecho de evaluación de riesgos, aunque señala que faltan medidas de apoyo a las familias para hacer frente a estas nuevas obligaciones. En su comunicado, expresaron su preocupación por el aumento de las responsabilidades sobre los hogares, que asumen estos avances en los derechos de las trabajadoras del hogar sin el respaldo necesario.
El sector ha experimentado un descenso del 8% en ocupación durante el último año, según la Encuesta de Población Activa, en un contexto donde la creación de empleo global sigue en aumento.
Normativas pendientes
Además, el decreto establece otras iniciativas que el Ministerio de Trabajo aún no ha cumplido en plazo. Desde marzo, se esperaba la creación de una plataforma formativa para la prevención de riesgos laborales, así como un protocolo de actuación para situaciones de acoso y violencia. Ambos documentos debían tenerse listos por septiembre, pero hasta ahora no han sido publicados.
El ministerio ha reconocido estos retrasos, señalando que la resolución que regulará la plataforma formativa está lista y que el servicio comenzará a operar a principios del próximo año. En cuanto al protocolo y la guía técnica, también confirma que están en desarrollo y su publicación es inminente.
Por último, el Ministerio de Sanidad ha prometido facilitar reconocimientos médicos gratuitos para las trabajadoras del hogar, algo que aún no ha sido calendarizado ni ejecutado, a pesar de que se está trabajando en ello.
Con un panorama lleno de desafíos y la necesidad de avanzar en derechos laborales, el camino sigue lleno de incertidumbres para este sector clave en la economía.
