La reciente aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso trae consigo importantes cambios para Renfe. A partir de ahora, la operadora ferroviaria tendrá que indemnizar a sus usuarios si los trenes de alta velocidad o larga distancia llegan con más de 15 minutos de retraso. Sin embargo, la empresa parece estar reticente ante esta nueva normativa.
El Partido Popular, con su mayoría en el Senado, logró incluir una enmienda que efectivamente restaura la política de compensaciones anterior, vigente hasta las modificaciones de 2024. Este cambio incluye indemnizaciones de hasta el 100% del costo del billete por retrasos significativos, algo que, según fuentes del Ministerio de Transportes, podría poner a Renfe en una posición desfavorable contra competidores como Iryo y Ouigo.
Fuentes ministeriales califican esta enmienda del PP como una “operación demagógica”, afirmando que su efecto sobre los usuarios será mínimo. La crítica se centra en que solo busca penalizar a Renfe, dejando sin repercusiones a otras compañías.
Desde la reforma del año pasado, las condiciones para las devoluciones han cambiado notablemente. Ahora, los viajeros solo pueden reclamar compensaciones si su tren supera la hora de retraso. En este contexto, Renfe ha ofrecido varias alternativas de reembolso: el 50% del precio por retrasos de una hora, y el 100% si el retraso supera los 90 minutos. Además, se ofrece un 200% en puntos para viajes futuros o un vale de compra del 150%.
Este cambio en las políticas de indemnización se produce en medio de pérdidas significativas para la empresa. En 2023, las compensaciones por retrasos alcanzaron los 42 millones de euros. La diputada socialista Cristina López Zamora ha expresado que estas medidas solo afectan a lo público, mientras que la diputada popular Ana Martínez Labella defendió la necesidad de garantizar la puntualidad como un derecho de los usuarios.
Por otro lado, la Ley de Movilidad Sostenible también impulsará una revisión de las etiquetas medioambientales por parte de la Dirección General de Tráfico y garantizará que todas las localidades sigan recibiendo servicios de autobús.
Aena y el futuro de la inversión aeroportuaria
En el ámbito aeroportuario, la situación se presenta diferente para Aena. El Partido Popular no logró avanzar en su propuesta de congelación tarifaria, diseñada para beneficio de las aerolíneas en el período regulado entre 2027 y 2031. Con el apoyo de sus socios, el PSOE impidió que esta enmienda prosperase, permitiendo que Aena continúe su plan de inversión de casi 12.900 millones de euros.
El plan, conocido como DORA III, contempla una inversión de cerca de 10.000 millones para mejorar la infraestructura aeroportuaria en importantes aeropuertos, desde Madrid hasta Barcelona y más allá. Aena busca, así, revitalizar el tráfico aéreo, asegurando que volar no se convierta en un lujo innecesario, especialmente para las regiones más pequeñas.
Aena ha dejado claro que la congelación tarifaria propuesta representaría una amenaza significativa para la actividad aeroportuaria y sus accionistas. La empresa argumenta que una serie de proyectos de gran envergadura están en marcha, y los ingresos deben permitir mantener un dividendo del 80%, sin comprometer la calidad del servicio.
El panorama se proyecta optimista para Aena, que a pesar de las presiones tarifarias, muestra un descenso real en las tarifas por pasajero en comparación con hace años. Esto es un dato significativo, especialmente considerando el alza en los precios de los billetes de avión.
En resumen, la Ley de Movilidad Sostenible y sus enmiendas reflejan una lucha política en curso, con implicaciones profundas para el futuro del transporte público en España.
