El nuevo derecho de las trabajadoras del hogar, estipulado en el Real Decreto 893/2024, ha enfrentado desafíos significativos en su implementación por parte del Ministerio de Trabajo. A pesar de la regulación que exige a los empleadores evaluar los riesgos laborales en sus hogares, los plazos establecidos para desarrollar herramientas de formación y protocolos de actuación han quedado sin cumplir.
Retrasos en la implementación
Desde marzo, ya han pasado ocho meses desde que el Ministerio, liderado por Yolanda Díaz, debía haber lanzado una plataforma educativa enfocada en la prevención de riesgos para las empleadas del hogar. Esta iniciativa, junto con un protocolo de actuación contra el acoso y la violencia en el ámbito laboral, debían haber estado listos en septiembre, pero hasta la fecha no hay señales de estos documentos.
A partir de este viernes, los hogares que no realicen la evaluación requerida se enfrentarán a posibles sanciones. No obstante, la plataforma gratuita destinada a esta evaluación, que ha estado activa durante seis meses, tuvo problemas técnicos y no funcionó en varias ocasiones recientes. Afortunadamente, a las 10:00 horas de este jueves, el servicio se restableció.
Formación esencial
El artículo quinto del decreto resalta un derecho fundamental: las trabajadoras deben recibir formación en prevención de riesgos al momento de ser contratadas. La normativa subraya que esta capacitación debe ser específica para las tareas del hogar y, siempre que sea posible, impartirse durante la jornada laboral. En caso contrario, se compensará con tiempo de descanso equivalente.
La formación se gestionará a través de una plataforma administrada por la Fundación Estatal para la formación en el Empleo (Fundae), con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) preparando la resolución correspondiente. Sin embargo, este documento, que debía completarse en seis meses desde la entrada en vigor del decreto, sigue sin ser lanzado.
Protocolo y guía técnica pendientes
El Ministerio también se comprometió a que, en un plazo máximo de un año desde la publicación de la norma, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) desarrollaría un protocolo para abordar la violencia y el acoso en el servicio doméstico. Esta guía es crucial para proporcionar apoyo tanto a empleadoras como a trabajadoras, pero hasta ahora no ha sido publicada.
La situación es similar con la guía técnica para la prevención de riesgos laborales en el hogar, que debería haber estado disponible en las sedes de las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social. Desafortunadamente, el Ministerio ha confirmado que ambos documentos aún están pendientes.
Consecuencias del incumplimiento
Con la entrada en vigor de estas normativas, el cumplimiento se convierte en una obligación ineludible para los empleadores. La falta de autoevaluación o de proporcionar información sobre las medidas preventivas puede considerarse una infracción grave, con sanciones que podrían alcanzar hasta 49.180 euros. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el incumplimiento se clasificará como leve, con una multa máxima de 2.450 euros.
El panorama actual refleja no solo la urgencia de proteger a las trabajadoras del hogar, sino también la necesidad de que las administraciones cumplan sus compromisos de manera efectiva y oportuna.
