El contexto de las catástrofes naturales en Latinoamérica se convierte en un tema de creciente preocupación. Antonio Huertas, presidente de Mapfre, ha presentado una propuesta para crear un mecanismo de colaboración entre el sector público y privado para abordar este desafío, especialmente con el aumento de eventos climáticos extremos que afectan tanto a la economía como a las familias en la región.
Durante su intervención en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, Huertas destacó que el modelo que se implementaría se inspira en el Consorcio de Compensación de Seguros de España, que ha gestionado más de 4.000 millones de euros en compensaciones tras fenómenos como la DANA de Valencia. Esta iniciativa busca replicar un sistema similar en Latinoamérica, donde la resiliencia ante desastres naturales es cada vez más necesaria.
La propuesta inicial contempla la colaboración de tres países, aunque Huertas no especificó cuáles serían. La prioridad de este mecanismo estará centrada en sectores críticos, tales como la vivienda básica, las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como las infraestructuras y activos públicos. Esta plataforma pretende ser inclusiva, invitando a países, instituciones, aseguradoras y reaseguradoras, junto con socios tecnológicos, a participar en un esfuerzo colectivo que no se puede abordar de manera aislada.
Huertas marcó un objetivo ambicioso: alcanzar resultados medibles en estos tres países para la Cumbre de Honduras de 2028, con la intención de extender esta colaboración a toda la región iberoamericana. «La rapidez con la que familias, empresas y países pueden recuperarse después de un desastre es una forma de medir nuestra resiliencia», afirmó.
El presidente de Mapfre subrayó que aunque el seguro no puede prevenir desastres naturales, sí transforma la incertidumbre en capacidad de recuperación. Sin embargo, la situación actual refleja una alarmante brecha en el aseguramiento en Iberoamérica, que asciende a 334.000 millones de dólares. Esta cifra implica que cerca del 81% de las pérdidas ocasionadas por catástrofes en la última década no están aseguradas, comparado con el 57% a nivel mundial.
Este análisis no solo realza la importancia de la colaboración público-privada en la mitigación de riesgos, sino que también pone de manifiesto la necesidad urgente de soluciones innovadoras que fortalezcan la infraestructura aseguradora en la región. La propuesta de Mapfre surge como una vía para implementar un sistema que, en última instancia, pueda proteger a las comunidades más vulnerables ante la adversidad climática.
