El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha emitido un llamado al Gobierno español para que prorrogue los contratos de concesión de autovías de primera generación, que están próximos a vencer en diciembre. Además, solicita la creación de un Plan Nacional de Urgencia que aborde la conservación y modernización de las carreteras entre 2027 y 2036, haciendo énfasis en la necesidad de establecer objetivos claros, indicadores medibles y un marco económico a largo plazo.
Este planteamiento se detalla en el informe titulado ‘España necesita un Plan de Urgencia para conservar y modernizar sus carreteras’, elaborado por el equipo de Infraestructuras Civiles del Instituto. De acuerdo con estimaciones de Seopan, se requieren al menos 11.494 millones de euros para cubrir el déficit de conservación y llevar a cabo mejoras en seguridad vial, digitalización y transición ecológica. A este monto se añade un costo adicional de 38.447 millones de euros para reposiciones durante un plazo de 25 años.
Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto, ha subrayado que «conservar no es gastar en lo viejo: es defender el valor del patrimonio ya pagado». En su opinión, es insostenible que las redes de infraestructuras del país se gestionen bajo un esquema de crisis constante, resaltando la importancia de la planificación anticipada y la responsabilidad en la gestión.
El informe también advierte sobre la inminente finalización de diez contratos concesionales que afectan a 993 kilómetros de las autovías A-1, A-2, A-3, A-31 y A-4. Esta red representa aproximadamente el 9,5% de la red estatal libre de peaje. Además, se ha suspendido la licitación de conservación por un total de 1.006 millones de euros, lo que obliga al Ministerio de Transportes a considerar contratos de emergencia para mantener la operatividad en los tramos que revertirán al Estado.
Prórroga, no emergencia
El Instituto sostiene que, aunque los contratos de emergencia puedan mitigar un vacío en el servicio, no son la solución adecuada para corredores estratégicos. La proximidad del vencimiento de los contratos era previsible desde su adjudicación, lo que sugiere una falta de planificación en la transición correspondiente.
Como posible solución, el informe propone una prórroga temporal de los contratos actuales, manteniendo las obligaciones e indicadores de calidad. Además, se sugiere que se trabaje con urgencia en un modelo estable para gestionar estos corredores y sus tramos adyacentes. A largo plazo, se aboga por un nuevo plan concesional enfocado en los corredores más relevantes del país.
Siniestralidad en las carreteras
La seguridad vial emerge como el argumento principal del informe. Según datos de Seopan, los índices de peligrosidad y mortalidad en estos corredores han disminuido considerablemente al comparar los dos años previos al inicio de los contratos con los dos últimos de operación. Estos tramos, a pesar de soportar niveles de tráfico y vehículos pesados superiores a la media, han demostrado mejoras significativas en sus condiciones de seguridad.
El informe también hace notar el deterioro de diversas autopistas de peaje que han vuelto a manos del Estado, como la R-3 y la R-5. La A-4, por su parte, presenta un programa de actuaciones proyectadas que suman 270 millones de euros. En este contexto, se enfatiza que la conservación posterior a la concesión debe estar planificada, financiada y operativa antes del cierre de cada contrato.
Asimismo, el documento destaca la necesidad de rediseñar el pliego que fue objeto de recurso, que actualmente otorga 60 puntos a la oferta económica y 40 a prestaciones adicionales de manera automática. La propuesta aboga por asegurar una relación calidad-precio más justa, enfatizando que la licitación de un servicio crítico no debe centrarse exclusivamente en la competencia por precio.
Entre las recomendaciones del informe se incluyen un programa intensivo destinado a mejorar firmes, puentes, drenaje y túneles, la creación de un observatorio independiente con datos abiertos, así como una rendición de cuentas anual ante las Cortes. Además, se sugiere evaluar la colaboración público-privada basándose en criterios de valor por dinero, tomando como modelo el Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón.