El debate sobre el sistema de pensiones en España está en el centro de la agenda política a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. La preocupación por la sostenibilidad del modelo, que afecta a un gran número de ciudadanos, ha llevado a diversos partidos a expresar sus opiniones sobre el estado actual y futuro del sistema de pensiones.
El Gobierno ha defendido la viabilidad del modelo actual, asegurando que las pensiones se ajustarán conforme al IPC, sin importar el resultado de los comicios. Sin embargo, este optimismo no es compartido por toda la clase política. Uno de los críticos más destacados, el diputado de Vox, Jose María Figaredo, ha calificado al sistema español de «quebrado».
Frente a estas afirmaciones, el economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, ha intervenido en medios para señalar que el sistema es «absolutamente viable», aunque advierte que es necesario realizar ajustes para asegurar su sostenibilidad. Actualmente, el déficit entre los ingresos y gastos de pensiones supera los 70.000 millones de euros, un factor que demanda cambios urgentes.
Opciones para el futuro del sistema de pensiones
Entre las soluciones propuestas, se encuentra el aumento de las cotizaciones de los trabajadores, aunque Bernardos se opone a esta medida, argumentando que podría afectar negativamente las percepciones salariales. Otras alternativas incluyen el retraso de la edad de jubilación o la reducción de las pensiones. Bernardos aboga por la primera opción, rechazando cualquier recorte a las prestaciones de los jubilados.
El economista también planteó los riesgos que enfrentan los pensionistas, incluyendo la posibilidad de adoptar un modelo similar al sueco, donde las pensiones dependen exclusivamente de las aportaciones individuales. Esta alternativa podría resultar en una disminución significativa de las pensiones, alertó Bernardos.
El profesor considera que el modelo actual tiene sus ventajas, pero enfatiza la necesidad de implementarle modificaciones para garantizar su viabilidad a largo plazo. Sin la adaptación del sistema, el riesgo de colapso es una inquietud válida.
Uno de los principales argumentos a favor de retrasar la edad de jubilación es el aumento en la esperanza de vida. Bernardos menciona que la mayoría de los países europeos ya están ajustando su edad de jubilación a estas circunstancias. La interacción entre la expectativa de vida y el tiempo en el que los trabajadores permanecen en activo es un aspecto crucial en la discusión sobre pensiones.
Finalmente, Bernardos está convencido de que las nuevas generaciones podrán acceder a pensiones públicas, aunque señala que existe una diferencia entre asegurar la existencia del sistema y mantener la cuantía de las prestaciones. La política de pensiones tiene un importante componente político, dada la influencia electoral de los jubilados, por lo que la revalorización de las pensiones se presenta como una herramienta esencial de protección social.
Actualmente, la legislación establece que, para 2026, la edad ordinaria de jubilación será de 65 años para aquellos que hayan cotizado durante 38 años y 3 meses. Aquellos que no lleguen a este período deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses.