La jueza María Tardón, encargada de investigar la crisis migratoria que afectó a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, ha solicitado de manera urgente al Gobierno la desclasificación de informes y documentos relevantes sobre el suceso. Tardón, que preside la Audiencia Nacional, enfatiza que dicha información es esencial para esclarecer los hechos y no representa un riesgo para la seguridad del Estado. La magistrada fijó un plazo de 15 días para la entrega de los documentos solicitados.
Para avanzar en la investigación, la jueza ha citado a tres testigos marroquíes que ingresaron a la ciudad durante esos días, quienes declararán por videoconferencia. Esta acción amplía la serie de comparecencias, que ya incluyó entrevistas a tres consejeros del Gobierno de Ceuta, quienes han narrado el caos generado en la ciudad y la inacción de las fuerzas de seguridad marroquíes durante la crisis.
La investigación se inició tras recibir una denuncia del partido Iustitia Europa, lo que llevó a Tardón a indagar en la posible conducta delictiva relacionada con la entrada masiva de migrantes. Aunque la atención se centra en las acciones desarrolladas en España, las pesquisas también buscan atribuir responsabilidades a Marruecos por la coordinación del evento. La jueza ha requerido a Ceuta todos los informes sobre la afectación de los servicios públicos esenciales, destacando que la ciudad ha reportado gastos extraordinarios de hasta 45 millones de euros por la crisis.
Durante las audiencias, los consejeros han manifestado que la llegada de migrantes a Ceuta ya había aumentado antes del 30 de julio. Según ellos, se alertó al Gobierno central, pero no se recibió ayuda suficiente. Un consejero sugirió implementar medidas disuasorias en la frontera maritíma, pero se argumentó que esto podría poner en peligro la vida de los migrantes.
El consejero de Presidencia, Alberto Ramón Gaitán, explicó que entre el 30 de julio y el 11 de octubre se recibieron más de 12,000 llamadas al 112, lo que representa un incremento del 400% en comparación con periodos anteriores. Se destacó además que más de 3,500 menores están actualmente bajo el cuidado de Ceuta debido a esta crisis. Alejandro Ramírez, consejero de Fomento, señaló que la entrada masiva parecía estar organizada, observando una actitud pasiva por parte de los gendarmes marroquíes durante los incidentes.
Esta semana se continúa con la ronda de comparecencias, tras haber tomado ya declaración a un inspector jefe de la Policía Nacional y a un teniente coronel de la Guardia Civil, quienes relataron cómo se mantuvo abierta una puerta de la valla para evitar un posible «tapón» de personas durante la crisis migratoria.