La tarifa regulada de gas embarranca en las comunidades de vecinos: solo la gestionan cinco mil calderas comunitarias

Poco más de cinco mil comunidades de vecinos se han dado de alta en la tarifa de último recurso (TUR), creada ex profeso en el mes de octubre para dar cabida a este conjunto de usuarios. El volumen de hogares acogidos a esta modalidad, que cuenta con una financiación millonaria de dinero público para contener el zarpazo de los costos sobre los hogares, está muy bajo las previsiones del ámbito. También del propio Gobierno, que en el mes de octubre —cuando la puso en marcha— presagiaba una acogida masiva entre los uno con siete millones de dueños que viven en un bloque de residencias, prácticamente uno de cada 4 usuarios de gas en España.

Mientras la TUR individual prosigue haciendo camino, con doscientos nuevas altas en el mes de febrero —hasta un total de dos con cinco millones de clientes del servicio, en frente de los uno con cinco millones de mediados del año pasado—, la vecinal está a años luz de lo esperado: solo novecientos sesenta y cuatro comunidades dieron el paso el mes pasado. “Había una gran demanda y esperábamos más reacción, un mayor flujo. No ha sido el caso”, reconoció a fines de marzo la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. “En las comunidades de propietarios los acuerdos no son tan fáciles, pero no nos ha llegado ninguna queja particular de que el sistema no funcione”, deslizaba al paso que descartaba cambios en el diseño del mecanismo. “Son casuísticas muy concretas”.

Más allí de la carencia de acuerdo entre vecinos, ¿por qué está embarrancando la TUR en los bloques de pisos con caldera común? Las razones son variadas, conforme expone Pablo Ruiz, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, y responsable cofundador de Acerta Gestión. Su empresa, con operaciones en Guadalajara y en Madrid, no ha hecho ni un cambio del mercado libre a la TUR en la provincia castellano-manchega. Y pocas, poquísimas, en la capital. “Hemos recibido ofertas de comercializadoras con precios fijos similares a los del regulado y sin penalización”, explica. Además, para acogerse a la opción subvencionada, “muchas comunidades tienen que hacer obras en la sala de calderas para superar la inspección energética, y eso los tira para atrás”.

Otro elemento que está ejercitando de freno es la penalización sobre la media de consumo de los últimos tiempos. “No saben si el invierno que viene va a ser más frío o si algún vecino va a consumir más”, afirma Ruiz. En los casos que este administrador conoce de primera mano, las comunidades a las que les ha vencido su contrato están optando por tarifas indizadas al mercado mayorista del gas en la península Ibérica (Mibgas), una opción alternativa que no tienen libre los clientes del servicio a título individual.

“Después de la fuerte bajada del gas en las últimas semanas, nuestra recomendación es esa. Pero siempre sin compromiso de permanencia, para que [si el gas vuelve a subir en los próximos meses] pueda cambiarse a la TUR”. Si la cotización de este comburente no hubiera caído tanto como lo ha hecho, expone el vocal del Colegio de Administradores, el flujo al regulado habría sido “mucho mayor”. Ese abaratamiento en el mercado mayorista, sin embargo, asimismo se deja sentir en la TUR, que el Gobierno rebajó el 1 de abril en un treinta%. La competencia en costos está, nuevamente, servida.

Repartidores de consumo

La instalación de repartidores de costos es uno de los requisitos que más renuencias están produciendo, pese al muy, muy amplio plazo fijado por el Gobierno a fin de que estén instalados: en el mes de octubre del actual año, un año tras la entrada en vigor de la TUR vecinal. “Estamos hablando de unos 60 o 70 euros por radiador, unos 400 por piso”, esboza Ruiz.

Luis del Castillo, dueño de Administradores Castillo, comprueba el “pánico” de las comunidades a la instalación de repartidores. “Este invierno, que no ha sido nada frío, muchas han preferido bajar sus horas de calefacción, incluso hasta el 50%, a tener que ponerlos”, apunta este profesional, entre Móstoles y Majadahonda (Madrid). “Y eso, claro, las inhabilita para la TUR”. Su caso no es ni muchísimo menos único: por lo que ha podido charlar con otros colegas administradores, esa práctica —reducir el número de horas al día de calefacción—, afirma, se ha transformado en moneda de cambio común en el ámbito.

Trabas de las comercializadoras

De las 7 comunidades de vecinos con calefacción central de gas que administra Del Castillo, solo 3 han empezado los trámites para pasarse a la TUR. Pero solo una lo ha logrado. “Las comercializadoras siguen poniendo muchas pegas a la hora de hacer el cambio: se ve, claramente, que a ellas no les interesa”, apunta por teléfono. “Dicen que han puesto un departamento específico, pero piden los papeles una y otra vez, y eso ralentiza el proceso. Es una inversión terrible de horas que, en la mayoría de los casos, acaba en nada”.

Enrique García, de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), agrega 3 posibles explicaciones más al escaso movimiento a la TUR de bloques con caldera comunitaria. Primero, el desconocimiento: “Son muchas las comunidades pequeñas que no tienen administrador y que ni siquiera saben de la posibilidad de acogerse a esta tarifa”. Segundo, la pelea entre energéticas por estos clientes del servicio, grandes usuarios y —por tanto— considerablemente más atractivos para ellas: “Algunas, para conservar una comunidad que ya tenían, han optado por abaratar al máximo sus tarifas del mercado libre o simplemente no han trasladado los incrementos tan brutales que sí han aplicado a clientes individuales”. Tercero, los periodos de renovación: “Hay muchos contratos con permanencia y en los que, por tanto, el cambio a la TUR tiene un coste que prefieren no asumir”, zanja.

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