El Tribunal Supremo de España ha tomado una decisión clave al anular las liquidaciones provisionales referentes al rescate de la autopista R-2, colocando al Gobierno en la necesidad de recalcular la indemnización correspondiente. Esta autopista, gestionada por Hernasa, una empresa participada por ACS, Abertis, Acciona y Globalvía, ha sido objeto de atención gubernamental desde su rescate en 2018.
En su más reciente fallo, el Tribunal no especificó una cantidad exacta para indemnizar a Hernasa, pero ha ordenado al Ministerio de Transportes que redefina el importe con celeridad. Este fallo pone de relieve la complejidad de las liquidaciones relacionadas con la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que regula las compensaciones que deben pagarse a las concesionarias en situaciones de rescate por parte del Estado. Más de ocho años después de asumir la gestión de la carretera, el Estado ahora se enfrenta a la tarea de definir una cifra exacta que refleje los costes reales y las inversiones realizadas.
El contexto de este caso se remonta a marzo de 2018, cuando el Gobierno tomó control de la R-2 tras la quiebra de su anterior concesionaria. La gestión fue delegada a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), que ha estado evaluando los costes y el importe que se debía compensar a la empresa hasta el momento. La última liquidación provisional estableció que, curiosamente, el Estado no debería pagar nada, fijando la responsabilidad patrimonial en -50 millones de euros, resultado de descuadres entre gastos de conservación y pagos por expropiaciones.
Impacto del fallo y repercusiones económicas
El efecto de esta decisión se extiende más allá de la R-2, ya que los criterios establecidos pueden influir en el cálculo para el rescate de otras autopistas que también se encuentran en situación de quiebra. Hasta ahora, la administración pública ha desembolsado 1.684 millones de euros en pagos provisionales por el rescate de nueve carreteras, cifra que podría ser revisada dependiendo de cómo se aplique el nuevo marco de evaluación establecido por el Tribunal.
El Tribunal ha subrayado la necesidad de que el proceso de liquidación se complete y se resuelva en un tiempo razonable, lo que plantea interrogantes sobre la gestión administrativa y la eficiencia en la resolución de estos casos. La judicialización de estas liquidaciones también podría dar lugar a un ajuste en las compensaciones a las que tendrán derecho las concesionarias, estableciendo un precedente importante para futuras gestiones de infraestructuras en el país.
A medida que el Ministerio de Transportes se dispone a recalibrar la indemnización, permanecerá la incertidumbre sobre el impacto final en las arcas públicas y si se reconocerá alguna compensación a Hernasa. La resolución de este caso será crucial no solo para entender las obligaciones del Estado en situaciones de rescate, sino también para asegurar una gestión más eficaz de las infraestructuras vitales para el país.