La reciente reforma de las normas sobre la coordinación de los sistemas nacionales de Seguridad Social en la Unión Europea ha traído consigo importantes cambios que beneficiarán a los desempleados que busquen empleo en otros Estados miembros. Este movimiento se enmarca en un esfuerzo por facilitar la movilidad laboral y respaldar la búsqueda activa de empleo en un contexto europeo más integrado.
A partir del 28 de septiembre de 2026, la entidad rectora ha aprobado extender el periodo durante el cual una persona sin trabajo puede exportar su prestación por desempleo a seis meses. Hasta ahora, los beneficiarios tenían un límite inicial de tres meses, con una opción de prórroga que dependía de la autorización del país abonador. Las nuevas directrices simplifican este proceso, permitiendo que los desempleados mantengan su derecho a la prestación durante seis meses una vez dejados atrás los servicios de empleo de su país.
Condiciones y requisitos para la exportación de prestaciones
Es crucial destacar que este derecho no es automático. Los beneficiarios deben cumplir ciertos requisitos para asegurarse de que su desplazamiento al extranjero está estrictamente orientado a la búsqueda de un nuevo empleo. En España, por ejemplo, es necesario que el solicitante esté inscrito como demandante de empleo durante al menos cuatro semanas antes de su salida. También deben gestionar la autorización pertinente a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y recibir el documento U2 que les permita trasladar su derecho a la prestación.
Una vez en el país de destino, el desempleado tiene un plazo de siete días para inscribirse en los servicios públicos de empleo locales, donde estará sujeto a las mismas normativas que rigen a los nacionales en búsqueda activa de trabajo. a lo largo de este proceso, el pago de la prestación continuará siendo gestionado por el país de origen, lo que garantiza continuidad en la asistencia económica durante el periodo de búsqueda.
Nuevas obligaciones para trabajadores transfronterizos
La reforma también aborda situaciones específicas de trabajadores que han estado activos en diferentes Estados miembros, estableciendo que aquellos que hayan trabajado al menos 22 semanas en otro país pueden solicitudes su prestación por desempleo del país de su último empleo. Esta medida busca adaptarse a las situaciones laborales modernas, donde la movilidad entre países se ha vuelto más común.
Además, la revisión introduce ajustes en otras áreas de la coordinación de la Seguridad Social, incluyendo prestación de cuidados de larga duración y prestaciones familiares, lo que refleja un enfoque integral hacia el bienestar social en un contexto europeo en constante evolución.
Es importante tener en cuenta que, aunque estas reformas han cuenta con la aprobación del Consejo de la Unión Europea, no entrarán en vigor hasta que se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea. Hasta ese momento, las normativas actuales, que permiten la exportación de prestaciones solo durante tres meses con posibilidad de prórroga, siguen vigentes. Los desempleados que planeen buscar trabajo en otro país deberán ajustar sus expectativas a estas regulaciones hasta que se implemente la nueva normativa.