La situación financiera de las clínicas dentales Vivanta se ha vuelto incierta tras la propuesta de adquisición por parte del grupo Vitaldent, que está generando inquietud entre una plantilla de más de 1,000 empleados y 30,000 clientes. Donte Group, propietario de Vitaldent y respaldado por el fondo canadiense OTPP, ha decidido no extender el plazo para la aceptación de su oferta, que venció recientemente, lo que genera interrogantes sobre el futuro de la negociación.
A pesar de la caducidad de la oferta, fuentes cercanas a las negociaciones indican que OTPP no retirará su propuesta hasta que se resuelvan varias incertidumbres judiciales. Entre estos problemas, la Abogacía del Estado se ha declarado en contra de la operación, advirtiendo que la venta no beneficia a los intereses del Fondo de Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), que aportó 40 millones de euros en un rescate dado a Vivanta el año anterior.
La oposición se intensifica, con la participación del Banco Santander, que sostiene que la liquidación sería más beneficiosa para los acreedores que la venta a Vitaldent. En un comunicado al juzgado, el banco argumentó que un proceso de liquidación es la mejor alternativa dada la crisis que enfrenta la clínica.
Vivanta, controlada por el fondo estadounidense Ares Management, se declaró en concurso de acreedores en agosto ante el Juzgado Mercantil número 12 de Madrid. La oferta de compra presentada por OTPP excluye los préstamos otorgados por la Sepi, lo cual ha sido motivo de rechazo por parte de la Abogacía del Estado, que catalogó este rescate como una ayuda de Estado. Además, se ha solicitado a la Comisión Europea un dictamen sobre la viabilidad de la operación.
La jueza Ana María Gallego accedió a esta solicitud, estableciendo un plazo inicial de diez días para la respuesta de la Comisión, aunque se estima que este trámite podría extenderse hasta tres meses, lo que complica aún más la situación. En respuesta a la urgencia, la administración concursal de Vivanta, FTI Consulting, está preparando un nuevo plan de contingencia que se implementará en breve.
A pesar de los obstáculos, el fondo OTPP mantiene su interés en completar la compra. Sin embargo, hay pocas ocasiones en que se han doblegado los intereses conjuntos de Hacienda y entidades financieras como Santander.
Preocupaciones por la seguridad laboral
En medio de esta situación, los sindicatos UGT y CCOO han denunciado que algunos empleados han sido objeto de insultos y ataques verbales, lo que ha generado preocupación por la seguridad y bienestar de la plantilla. Estas organizaciones han solicitado a Vivanta y a la administración concursal que implementen medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores y protocolos de actuación ante posibles conflictos.
Asimismo, los sindicatos han anunciado su intención de investigar a fondo las circunstancias que llevaron a Vivanta a su estado actual de concurso de acreedores, resaltando posibles irregularidades en la gestión económica de la empresa. Esto sugiere que podrían tomar acciones para exigir responsabilidades si se confirma cualquier mal manejo financiero.