Los recientes disturbios en Francia han generado un impacto significativo en el sector de los seguros, con pérdidas estimadas que podrían superar los 1.200 millones de euros. Este contexto ha llevado al Gobierno francés a considerar medidas para asegurar los inmuebles frente a daños por disturbios, apoyado por la necesidad de estrategias más robustas ante protestas que han adquirido características similares a catástrofes naturales.
De acuerdo con analistas financieros, como Marcos Álvarez de Morningstar DBRS, estas revueltas han causado gastos que pueden compararse con los incidentes más graves en la historia reciente del país. La situación, que comenzó con manifestaciones pacíficas, se intensificó rápidamente a medida que se produjeron saqueos y ataques a establecimientos comerciales, incluyendo marcas reconocidas como Louis Vuitton y Kenzo.
Al menos 3.000 establecimientos comerciales han sufrido daños en el país, lo que ha incrementado la presión sobre el sistema de seguridad y seguros existencial. Las autoridades han expresado la urgencia de implementar un seguro contra disturbios respaldado por el Estado, en un esfuerzo por mitigar el impacto financiero en las empresas y los propietarios de inmuebles.
Las proyecciones iniciales muestran que las pérdidas por estos disturbios sobrepasaron rápidamente los 700 millones de euros registrados durante las protestas de julio de este año, en las que también se produjeron daños significativos. La intensidad de la violencia y el incremento de la inflación han contribuido a esta escalada de costes.
Medidas para enfrentar el malestar social
En un intento por limitar su exposición al descontento social, algunas aseguradoras han modificado sus pólizas para incluir exclusiones específicas relacionadas con «huelgas, disturbios y conmoción civil». Sin embargo, la frustración de múltiples sectores económicos ha llevado al Gobierno a desarrollar un régimen que obligue a todos los seguros de bienes a incluir cobertura contra disturbios.
La nueva legislación está a la espera de la aprobación de la Unión Europea para asegurar que no vulnera las normas sobre ayudas estatales. En caso de recibir luz verde, el sistema contendrá una garantía máxima de 4.000 millones de euros a través de la reaseguradora Caisse Centrale de Réassurance del Estado francés, y los costes se repartirán entre todas las aseguradoras, garantizando así una cobertura más equitativa para todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica.
Thomas Buberl, CEO de Axa, ha subrayado la necesidad de que el Estado asuma un papel más activo en garantizar la seguridad ciudadana. La implementación de una solución estructural en la cobertura de seguros podría ser crucial para enfrentar los desafíos futuros que presenten los disturbios y, por ende, proteger tanto a los comercios como a los propietarios privados.