La situación financiera del grupo de clínicas dentales Vivanta ha tomado un giro inesperado con la oposición del Banco Santander a su venta al fondo canadiense OTPP. Esta venta, que forma parte del proceso de reestructuración del grupo Aestes, enfrenta ahora el veto no solo de Santander, sino también de la Abogacía del Estado, lo que complica aún más un proceso que afecta a más de 1.000 empleados y a 30.000 clientes.
En un escrito dirigido al Juzgado Mercantil número 12 de Madrid, Santander argumenta que la liquidación de Vivanta podría resultar más beneficiosa para los acreedores que la oferta del fondo. El banco estima que, en el caso de optar por la liquidación, podría recuperar hasta 1,97 millones de euros, en contraposición a los 100.149 euros que se espera recuperar con la venta. Este análisis pone foco en la disparidad entre el valor real de los activos y la contraprestación ofrecida por la compra propuesta.
La oferta presentada por OTPP, que valora a Vivanta en 57,2 millones de euros, incluye solo un pago inicial de tres millones y contempla además financiación puente y tratamientos pendientes por cobrar. Sin embargo, al integrar elementos como leasing y tratamientos ya cobrados, la propuesta ha generado escepticismo respecto a su viabilidad y su alineación con los intereses de los acreedores.
Análisis de la Oposición
La posición de Santander se basa en la necesidad de una valoración realista que garantice los intereses de todos los acreedores, destacando la ausencia de una justificación suficiente en cuanto a la valoración de los activos. El banco también cuestiona el compromiso del fondo OTPP de mantener la actividad y los empleos, señalando que esto no puede ser una justificación para aceptar condiciones menos favorables para los acreedores.
En el mismo sentido, la Abogacía del Estado ha expresado su preocupación, al señalar que la propuesta de venta no toma en cuenta adecuadamente las ayudas estatales recibidas por Vivanta, lo que podría poner en riesgo el cumplimiento de la normativa europea sobre ayudas de Estado. Esta entidad ha solicitado un informe a la Comisión Europea para aclarar la situación y determinar si la venta es legalmente aceptable.
Por otro lado, CaixaBank, otro acreedor del grupo, se ha manifestado menos categóricamente al respecto. Aunque no se opone a la venta, ha exigido aclaraciones sobre diversos aspectos de la oferta presentada por OTPP, lo que refleja una postura de cautela en medio de esta compleja reestructuración.
Con la juez Ana María Gallego supervisando el concurso, el futuro de Vivanta queda en un delicado equilibrio. Las decisiones que se tomen en los próximos días influirán no solo en el destino de la empresa, sino también en las expectativas de recuperación de los acreedores y la seguridad de empleo para los trabajadores del grupo de clínicas dentales.