El absentismo laboral se ha convertido en un tema candente en las negociaciones entre empresarios y sindicatos. Ambos actores comparten la preocupación, pero la solución parece eludirles. Aunque ha pasado más de un año desde que se permitió a las comunidades autónomas y mutuas colaborar en la gestión de bajas laborales por patologías traumáticas, los resultados son aún desalentadores. Solo Baleares, Asturias y Cataluña, junto con Ceuta y Melilla, han firmado convenios para acelerar diagnósticos y tratamientos, según el Ministerio de Seguridad Social. Ahora, ese departamento busca revivir la iniciativa.
Un acuerdo que no avanza
La primera colaboración se estableció en 2023 con la firma del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Sin embargo, este esfuerzo no se tradujo en leyes concretas. El 31 de julio de 2024, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones formalizó un nuevo acuerdo en conjunto con CC OO, UGT y las patronales CEOE-Cepyme, que prometía mejorar el uso de los recursos asistenciales de las mutuas en casos traumatológicos. A pesar de un acto simbólico de firma en el Palacio de la Moncloa, hasta ahora solo existen cuatro convenios registrados.
El impacto del absentismo es notable: en 2022, se estimó que equivalía a que 1.6 millones de trabajadores no acudieran a sus empleos, lo que supuso un costo de casi 30,000 millones para el Estado y las empresas, según la patronal de mutuas, Amat. Con cifras tan alarmantes, surge la pregunta: ¿Por qué estas colaboraciones no prosperan?
Las barreras del sistema
Diversas fuentes coinciden en señalar varias razones detrás de esta falta de progreso. Una de las mayores dificultades es la rigidez de los nuevos convenios. Antes, las mutuas ya podían colaborar sin tantas restricciones, pero el nuevo marco introduce un procedimiento más complejo que implica a un intermediario: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Este protocolo requiere que, si un médico de atención primaria considera que un trabajador necesita atención urgente, debe solicitarla al INSS. Este, a su vez, se comunica con la mutua. La aceptación debe darse en un plazo de cinco días hábiles, limitando así la agilidad del proceso. Además, la autorización del paciente es indispensable.
Aunque estos pasos buscan proteger la confidencialidad y asegurar que las decisiones se limiten a patologías específicas, también generan desconfianza entre las mutuas. Estas prefieren que el alta médica sea competencia de su personal, similar a lo que ocurre en casos de accidentes laborales.
Obstáculos políticos y territoriales
Aparte de las complejidades administrativas, existen factores políticos e ideológicos que complican la situación. Algunas comunidades podrían rechazar la firma de convenios como una estrategia para desafiar al Gobierno. Asimismo, hay regiones donde los sindicatos se muestran reacios a que el servicio público colabore con mutuas, a pesar del consenso en niveles más altos.
Por otra parte, la existencia de distintas mutuas en cada comunidad añade otra capa de complicación. Si una mutua tiene más recursos que otra, las menos favorecidas tienden a oponerse a la firma de convenios, ya que temen perder a sus pacientes.
Un llamado a la acción
El Ministerio de Seguridad Social intenta reactivar la firma de convenios, y el secretario de Estado, Borja Suárez, ha estado en conversaciones con las comunidades para fomentar esta colaboración. Asegura que estos convenios surgen del diálogo social y benefician a todos. El objetivo es claro: mejorar los procesos y, en última instancia, la salud de los trabajadores.
Con el absentismo laboral afectando gravemente no solo a los empleados, sino a la economía en su conjunto, es imprescindible que todos los actores involucrados superen las barreras y encuentren la forma de trabajar juntos en esta crucial problemática.
