La reciente disolución de las Cortes y el adelanto electoral fijado para el 29 de noviembre han complicado considerablemente la posibilidad de implementar nuevas medidas laborales en España, incluyendo la ampliación del permiso retribuido por fallecimiento de familiares. Esta reforma, que se encuentra en la agenda del Gobierno, tenía como objetivo aumentar de dos a diez días hábiles el permiso por duelo en el caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado.
A pesar de que durante meses se había estado negociando un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, la medida aún no se había convertido en un derecho formal para los trabajadores, dado que su aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) continúan pendientes. La situación actual plantea serias dudas sobre la viabilidad de la reforma, que ahora enfrenta más obstáculos para su ratificación.
La opción del decreto-ley frente a la legislatura
El Ministerio de Trabajo había contemplado la posibilidad de aprobar esta ampliación mediante un real decreto-ley, en un intento de evitar las complejidades de un proceso legislativo prolongado. Este mecanismo permitiría que el nuevo permiso entrara en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros, sin esperar a la validación final del Congreso. Posteriormente, el decreto debería ser convalidado en un plazo máximo de 30 días. No obstante, la disolución de las Cortes dificulta la ejecución de este plan.
Según la Constitución, el Gobierno puede dictar reales decretos-ley en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, y en períodos donde las Cámaras están disueltas, la Diputación Permanente se encarga de su convalidación. Sin embargo, el problema radica en que la propuesta del permiso por duelo no había llegado al Consejo de Ministros antes de la disolución, lo que dificulta su implementación a corto plazo, dejando a los trabajadores sujetos a los permisos vigentes que otorgan solamente dos días, ampliables a cuatro en caso de desplazamiento.
¿Qué significan los plazos para el futuro?
La legislación que regula la actividad de un Gobierno en funciones limita su capacidad de introducir nuevas leyes, a menos que se justifique su urgencia o interés general. Esto da un marco jurídico complicado a la reforma propuesta, que requeriría una argumentación sólida sobre su necesidad para progresar. Además, cualquier intento de aprobación como real decreto-ley tendría que ser validado por la Diputación Permanente, lo que añade un nivel adicional de incertidumbre a la situación.
La intención inicial del Ministerio no solo contemplaba una ampliación del permiso por duelo, sino que también incluía nuevos derechos relacionados con cuidados paliativos y un permiso específico para acompañar a personas que vayan a recibir la eutanasia. Sin embargo, si esta reforma no es aprobada antes de las elecciones, todo el paquete quedará en suspenso, para ser tratado por el próximo Gobierno.
Con la situación actual, los trabajadores deben seguir acatando las normativas existentes mientras se espera que futuros cambios legislativos puedan brindar mejoras en sus derechos laborales.