En medio de un creciente conflicto entre operadores de telecomunicaciones en Europa, organizaciones como Orange, Vodafone y Digi han hecho un llamado a Bruselas para que intervenga en la propuesta de Telefónica de aumentar el costo del alquiler de sus conductos de fibra óptica. Este movimiento ha reunido a 14 empresas del sector que han solicitado a la Comisión Europea examinar esta situación antes de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tome una decisión definitiva.
El núcleo del debate radica en las tarifas que Telefónica impone a otros operadores por el uso de su infraestructura de fibra. En junio, la compañía presentó una oferta revisada de compromisos, planteando incrementos progresivos durante los próximos cinco años, que rondarían un 116% en total. Este incremento incluiría un aumento inicial del 30%, seguido de subidas anuales del 16,96% y dos ajustes finales del 2%.
Telefónica argumenta que estos nuevos precios están diseñados para alinear las condiciones económicas de acceso a las redes con los principios establecidos en el Reglamento europeo de Infraestructura de Gigabit. Sin embargo, esta posición ha suscitado un intenso debate sobre la necesidad de regular los precios de una infraestructura clave para la competencia en el sector.
La CNMC y el proceso de revisión
La CNMC aún no ha tomado una decisión sobre la propuesta presentada por Telefónica. Esta es la segunda oferta que la compañía presenta en un procedimiento que se inició con una primera versión en febrero de 2025, que fue sometida a revisión tras las observaciones de otros operadores. La última revisión fue enviada el 15 de junio de 2026 y está actualmente en consulta pública para recoger las opiniones de diversas partes interesadas.
La decisión del regulador es crucial, ya que podría determinar si los compromisos de Telefónica substituyen, total o parcialmente, las actuales obligaciones sobre el acceso a sus infraestructuras. Este nuevo planteamiento también introduce condiciones que podrían facilitar que otros operadores instalen equipos en las centrales de Telefónica, además de regular las tarifas de alquiler.
En abril de 2026, la controversia ya había llegado a la Comisión Europea, donde los rivales de Telefónica exigieron una revisión de las condiciones de acceso a los conductos. La reciente iniciativa de las operadoras pone en evidencia la presión que se ejerce sobre el marco regulador de una infraestructura que es esencial para el crecimiento y la competitividad del mercado de fibra óptica en Europa.