La situación del grupo de clínicas dentales Vivanta, actualmente en concurso de acreedores, ha despertado preocupaciones dentro del ámbito empresarial y financiero en España. La Abogacía del Estado, representando al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasse), ha hecho un llamado al Juzgado Mercantil número 12 de Madrid para revocar la aprobación de la venta del grupo, argumentando que esta acción podría perjudicar tanto a los pacientes como a los acreedores.
Desde la declaración de concurso el pasado 3 de septiembre, Vivanta, parte del grupo Aestes, ha acumulado un pasivo de casi 100 millones de euros frente a activos que solamente se valoran en 4 millones. La situación se complica debido a denuncias de que la empresa está derivando pacientes hacia la competencia, una acción que la Abogacía del Estado considera perjudicial para los intereses de los acreedores.
Reducción del valor de la empresa
La derivación de pacientes ha sido objeto de especial atención. Según la Abogacía, esta práctica reduce el valor de los activos de Vivanta, ya que su clientela es uno de sus principales recursos. Al transferir pacientes a competidores como Vitaldent, propiedad del fondo OTPP, la compañía no solo disminuye su valor, sino que también confiere una ventaja a otros operadores del sector.
En respuesta, el fondo OTPP ha defendido que los argumentos presentados por la Abogacía carecen de base legal, pero la creciente preocupación por el futuro de Vivanta y su base de clientes ha llevado a una serie de alegaciones que elevan el tono del debate. La Abogacía destaca que el traspaso de pacientes está ocurriendo sin las autorizaciones necesarias y sin mantener informadas a las partes interesadas, lo que plantea serias cuestiones sobre la legalidad y ética de los procedimientos en curso.
Uso del mecanismo de prepack
El proceso de venta de Vivanta está supuestamente basado en el modelo de prepack, que permite a las empresas designar un experto para facilitar la venta de activos durante la fase de concurso. Sin embargo, la Abogacía del Estado ha denunciado que este mecanismo no está siendo utilizado con su propósito original de preservar el valor de la empresa. En cambio, está sirviendo como un medio para beneficiar a ciertos operadores mientras perjudica a los acreedores.
Este uso cuestionado del prepack resalta un patrón de acciones no comunicadas adecuadamente al Fasse, lo que contraviene las normas estipuladas para recibir apoyo financiero. A medida que esta situación se desarrolla, su impacto en la reestructuración de otras empresas que también han recibido ayuda del fondo podría ser significativo.
La definición final del juzgado sobre la venta de Vivanta se convierte así en un hito crucial no solo para la empresa afectada, sino para el sector en su conjunto, ya que podría sentar un precedente para cómo se gestionan futuras crisis empresariales en el contexto español.