El Ayuntamiento de Barcelona está experimentando un cambio significativo en la gestión de uno de sus contratos más importantes: el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD). Con un presupuesto que supera los 900 millones de euros a lo largo de cinco años, este servicio será operado a partir del 13 de octubre por nuevas adjudicatarias de gran envergadura, la filial del grupo ACS, Clece, y Serveo, la división de servicios de la firma Portobello Capital, anteriormente de Ferrovial.
Hasta ahora, el SAD había sido gestionado por Suara y DomusVi, dos entidades reconocidas dentro de la economía social en Catalunya, que se hicieron con el contrato en 2019. Este cambio de operadoras se produce después de que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resolviera a favor de las nuevas adjudicatarias, desestimando las impugnaciones presentadas por los sindicatos CGT y Comisiones de Base.
Cambio de actores en el servicio social
Las reacciones ante esta adjudicación no se han hecho esperar. Partidos de la oposición, como ERC y Junts, han expresado su desaprobación, cuestionando la «mercantilización» de un servicio esencial para la atención de la dependencia en la ciudad. Estas preocupaciones han llevado al equipo de gobierno municipal a reafirmar su decisión, defendiendo la mesa de contratación y señalando que se están reclutando nuevos perfiles profesionales. Además, se ha establecido una mejora progresiva en el convenio colectivo del sector, que permitirá un incremento salarial del 41% hasta 2031.
Este cambio en la gestión del SAD se producirá mientras la demanda de servicios de atención a la dependencia sigue en aumento. En 2025, se estima que el SAD atenderá a más de 19,500 personas, y sumando a los beneficiarios de programas adicionales, como el reparto de comidas y teleasistencia, se proyecta que el servicio tendrá una nota de satisfacción entre los usuarios de 8,3 sobre 10.
Este movimiento no solo refleja un cambio en los servicios sociales de la ciudad, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la atención domiciliaria y la relación entre servicios públicos y el sector privado, especialmente en un contexto donde la economía social ha sido un pilar fundamental en Catalunya.