La reciente oposición de la Abogacía del Estado a la venta del grupo Aestes, conocido por sus clínicas Vivanta, al fondo canadiense OTPP, plantea importantes interrogantes sobre la gestión de ayudas estatales y el futuro de empresas rescatadas durante la crisis del Covid-19. Este caso resalta la intrincada relación entre la financiación pública y los intereses privados, sugiriendo un escenario complejo para los emprendedores y empresarios que navegan en la recuperación post-pandemia.
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasse), gestionado por la Sepi, otorgó a Aestes una ayuda pública de 40 millones de euros, lo que ha desencadenado la intervención del organismo estatal en el actual concurso de acreedores. La Abogacía ha solicitado al Juzgado Mercantil número 12 de Madrid que suspenda la venta y plantee a la Comisión Europea la notificación de un proyecto de ayuda de Estado, señalando que la operación podría comprometer la recuperación de la financiación pública.
Según las alegaciones presentadas, la oferta de OTPP no toma en cuenta las particularidades del crédito proporcionado por el Fasse, indicando que la operación podría resultar contraria al Derecho de la UE. Esto es relevante para cualquier empresa en situación de crisis, pues establece un precedente sobre cómo las ayudas públicas deben manejarse en el contexto de transacciones privadas.
El Fasse «no es un inversor privado», enfatiza la Abogacía del Estado.
El dilema se intensifica al considerar que, a través de la oferta del fondo canadiense, Aestes prevé una integración de sus activos en el grupo Vitaldent sin abordar adecuadamente las consecuencias de la cesión de activos que ya incorporan ayudas estatales. La Abogacía sostiene que esto podría generar distorsiones en el mercado y favorecer indebidamente al adquirente, afectando la competencia.
La declaración de Aestes en concurso de acreedores, con un pasivo cercano a los 100 millones de euros y un activo de solo 4 millones, destaca la fragilidad financiera de muchas empresas en la actualidad. La oferta de OTPP se valora en 57,2 millones de euros, pero excluye explícitamente los préstamos estatales y otras deudas relacionadas con tratamientos de pacientes, lo que pone en relieve la complejidad de estas transacciones.
Implicaciones para las empresas rescatadas
La Abogacía subraya que el Fasse es un mecanismo público cuyo objetivo es restaurar la solvencia de las empresas, lo que pone de manifiesto la diferencia fundamental entre un fondo de inversión privado y un organismo estatal. Este enfoque pone sobre la mesa la necesidad de mantener la integridad de las ayudas estatales y evitar que se conviertan en una carga para la economía.
En este contexto, cualquier cambio en la estructura económica de Aestes podría requerir la aprobación del Consejo Gestor y del Consejo de Ministros, resaltando así la importancia de los canales correctos de autorización y supervisión en los procesos de reestructuración empresarial. La referencia a la condición estratégica de Aestes sugiere que su financiamiento no solo dependió de factores económicos, sino también de su significancia para la economía nacional.
En conclusión, el caso de Aestes y la respuesta de la Abogacía del Estado ofrecen un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan las empresas que buscan recuperarse tras recibir ayuda pública. Al mismo tiempo, plantea preguntas cruciales sobre el futuro de las ayudas estatales y su impacto en los procesos de compra y venta en el sector privado, cuestiones que seguramente seguirán capturando la atención de emprendedores y reguladores en los próximos meses.