El avance de la inteligencia artificial (IA) ha transformado muchos aspectos de la vida contemporánea, incluido el ámbito político. Con la popularización de los deepfakes, videos y audios manipulados por IA que pueden engañar a la audiencia, los legisladores han comenzado a abordar esta problemática a través de la promulgación de leyes específicas. Sin embargo, la eficacia y la implementación de estas normativas varían notablemente entre los diferentes estados de Estados Unidos.
Según un informe de 2026, se han establecido leyes sobre deepfakes electorales en 31 estados. California y Texas fueron pioneros en esta tendencia con la aprobación de leyes en 2019, pero la mayoría de las jurisdicciones adoptaron regulaciones en 2024 o posterior. Un hecho relevante es que 28 de estos estados requieren que se incluya una advertencia en los contenidos creados o manipulados por IA, mientras que Maryland, Minnesota y Texas han prohibido ciertos deepfakes a pesar de que contengan una advertencia de IA.
Transparencia y advertencias
En varios estados, una simple advertencia que indique que el contenido fue generado o alterado mediante IA puede cumplir con los requisitos legales. Esto permite que algunos anuncios manipulados sigan circulando, siempre que se incluya la advertencia correspondiente. Por ejemplo, Louisiana exige advertencias en anuncios políticos que retratan erróneamente a candidatos o utilizan voces artificiales de figuras públicas.
La ley de Louisiana de junio de 2026 establece que cualquier mensaje que use IA para distorsionar la imagen o el sonido de un candidato debe incluir un aviso claro. Sin embargo, este requisito no se aplica a candidatos federales, lo que genera vacíos en la protección de ciertos candidatos en la boleta electoral. Aquellos que violen la ley en el ámbito estatal pueden enfrentar multas elevadas o incluso prisión.
Prohibiciones más estrictas
En contraste, la ley de Maryland, aprobada en mayo de 2026, propone un enfoque más restrictivo, prohibiendo la creación de deepfakes engañosos sin importar si llevan una advertencia de IA. Esta normativa se centra en la intención detrás de la creación y difusión de estos contenidos fraudulentos, incluyendo la intención de influir en el voto. La ley está diseñada para proteger la integridad del proceso electoral, aunque no define de manera precisa qué constituye un daño a los votantes.
Maryland también facilita a las autoridades electorales la corrección de información falsa. Ante la difusión de desinformación sobre los procedimientos de votación, el administrador electoral tiene la autoridad de emitir correcciones públicas y solicitar la eliminación de información engañosa, aunque esto no se aplica a publicaciones de terceros en plataformas en línea.
Efectos limitados de las advertencias
A pesar de las obligaciones legales de advertencia, el impacto real de estas sobre el comportamiento del electorado sigue siendo motivo de estudio. Investigaciones recientes indican que, aunque las advertencias pueden aumentar el escepticismo hacia contenidos engañosos, no garantizan que los votantes cambien su percepción o su comportamiento al compartir estos materiales. Incluso, estudios revelan que las etiquetas que indican que un contenido fue generado por IA pueden provocar que la gente considere esos contenidos menos precisos, sin importar su veracidad.
Desafíos en la enforcement de las leyes
Aun con normativas en vigor, surgen dificultades en su aplicación. Recientemente, un tribunal federal bloqueó la implementación de una ley en Montana relacionada con deepfakes, citando preocupaciones sobre la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda. Este tipo de desafíos legales pueden complicar la labor de los organismos electores y limitar las consecuencias de quienes fabrican y distribuyen deepfakes engañosos.
En conclusión, mientras los estados intentan adaptarse a esta nueva realidad mediática, queda claro que las leyes actuales, aunque proporcionan un marco para abordar la desinformación, no brindan una solución definitiva. La lucha contra las manipulaciones mediante IA sigue siendo un desafío continuo para la integridad electoral.