El acuerdo de cooperación firmado la semana pasada entre el Gobierno de España y el ADIA Lab, un centro de investigación en inteligencia artificial (IA) de Emiratos Árabes Unidos (EAU), prosigue ocasionando malestar. Un conjunto de ONG que trabajan por los derechos digitales y esenciales ha expresado su desunión con el pacto por medio de una carta abierta en la que consideran moralmente controvertible establecer nudos científicos con un país que viola de forma sistemática los derechos humanos. Especialmente cuando la materia en la que se colaborará, la IA, puede ser una herramienta muy eficaz en esas transgresiones de derechos.
Las organizaciones AlgoRace, AlgoRights, lafede.cat y DigitalFems, impulsoras del documento, recuerdan que, conforme el informe anual de Amnistía Internacional, el gobierno de EAU comete “violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, trato cruel e inhumano bajo custodia, supresión de la libertad de expresión y violación del derecho a la privacidad”. Human Rights Watch, por su lado, asimismo ha denunciado el uso en ese país de tecnologías de vigilancia prohibidas en la UE, como el reconocimiento facial en espacios públicos o “herramientas israelíes de espionaje digital”. También se ha documentado que el país prosigue vulnerando repetidamente los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI.
La carta abierta, mandada hoy a la atención de Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Digitalización, y de Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha recabado diez adhesiones en las veinticuatro horas anteriores a su publicación, incluyendo a SOS Racismo o Rights International Spain. Tal y como adelantó EL PAÍS este miércoles, 3 miembros del Consejo Asesor de la IA dimitieron la semana pasada como queja por el acuerdo firmado con Emiratos. No ven compatible trabajar por una IA moral y al tiempo tener tratos con un centro de investigación financiado por una autocracia y que tiene en sus filas a científicos cuestionados en la academia. Dos de los especialistas que abandonaron el órgano consultivo, como otros dos referentes de la IA de España, publicaron en este periódico una tribuna contando por qué nos debería preocupar el pacto.
El ADIA Lab es un centro científico financiado por la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi (ADIA), el emirato más rico de EAU, y que dispone de activos por un valor aproximado de unos ochocientos millones de dólares estadounidenses. “España ha acordado una agenda de investigación con un centro científico financiado por un gobierno que no reconoce la independencia de la ciencia, que pisotea los derechos humanos, en especial de mujeres, de las comunidades LGTBQI+ e inmigrantes, y cuya riqueza proviene principalmente del petróleo”, apuntan los especialistas en la carta publicada en EL PAÍS.
Preguntada por este diario sobre las objeciones de los científicos al pacto, fuentes de la Secretaría de Estado respondieron que consideran “muy positivo que una institución de prestigio científico que cuenta en su consejo con Premios Nobel elija instalarse en España antes que en otros países europeos como Francia o Alemania”.
El pacto contempla la próxima apertura en Granada de la sede europea de ADIA Lab, el centro emiratí, como la puesta en marcha de 5 líneas de investigación relacionadas con la IA. Estas deben ver con el análisis casual y diseño experimental en la salud pública; la modelización económica del cambio climático y sus políticas de mitigación; la economía digital, tecnología de registro descentralizado y toquenización; la computación de alto desempeño y la IA interpretable y automatización fiable.
“Nos preguntamos cómo se va a asegurar la independencia de las investigaciones científicas centradas en la modelización económica del cambio climático y sus políticas de mitigación dado que el petróleo es la principal fuente de ingresos de los EUA”, apuntan las ONG en su escrito.
Estas organizaciones piden una asamblea con la Secretaría de Estado “para debatir sobre cómo se va a garantizar la protección de los derechos humanos con dicha colaboración dentro del marco europeo”. Los impulsores de la carta lamentan que el departamento no se haya tenido en cuenta las voces de organizaciones pro derechos humanos y digitales, tal como se comprometió a hacer Artigas, la titular del departamento, en una asamblea que sostuvo el año pasado con múltiples organizaciones de la sociedad civil.
También le solicitan al Ministerio más trasparencia, singularmente en lo referente a de qué manera se invertirán los más de 5 millones de euros comprometidos en el proyecto, y la firma de un documento público en el que se declare la “integridad científica y ética, así como la protección de los derechos fundamentales, en los proyectos realizados”.
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Articulo original de El País
