La Audiencia Nacional ha ratificado la absolución de la cúpula de Urbas en relación con un caso de presuntas irregularidades vinculadas a una ampliación de capital que tuvo lugar en 2015. Este fallo cierra un proceso judicial que ha acompañado al grupo durante más de diez años y se produce en un momento crucial, ya que la compañía busca la aprobación de un convenio para el pago de su concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.
La sentencia actual se basa en un auto fechado recientemente, que confirma la decisión tomada el pasado 20 de abril, donde se declaró la inocencia de todos los acusados. La Fiscalía Anticorrupción había presentado un recurso en septiembre, el cual fue denegado posteriormente por la Audiencia Nacional, asegurando que no se habían presentado pruebas suficientes que demostraran un perjuicio para Urbas o un beneficio ilícito para sus administradores.
El procedimiento se originó en 2015, cuando Urbas realizó una ampliación de capital de 384,488 millones de euros, a través de la adquisición del 100% de Aldira Inversiones Inmobiliarias. La acusación sostenía que los activos de Aldira habían sido sobrevalorados, lo que podría haber perjudicado a los inversores que recibieron acciones de Urbas a cambio de activos cuyo valor real era inferior.
El concurso de acreedores y la reestructuración financiera de Urbas
Esta reciente absolución coincide con la situación financiera crítica en la que se encuentra Urbas, ya que desde 2025 ha estado lidiando con un concurso voluntario de acreedores. En septiembre de ese año, la compañía solicitó este concurso tras no lograr finalizar su reestructuración financiera en el tiempo estipulado. Aunque inicialmente se planteó como una medida preventiva, el concurso fue declarado oficialmente en enero de 2026.
Urbas ha estado buscando un acuerdo con sus acreedores para evitar una posible liquidación. Al inicio del concurso, la propuesta de la compañía encontró oposición, lo que llevó a la administración concursal a poner en duda su viabilidad. Sin embargo, las últimas semanas han traído un cambio significativo: Urbas ha asegurado el apoyo de 45 acreedores, quienes representan 54,7 millones de euros de deuda, logrando así el respaldo del 61,19% del pasivo ordinario.
A pesar de este avance, un número significativo de acreedores aún se opone, incluyendo importantes entidades financieras como Abanca, CaixaBank y BBVA, así como organismos como la Agencia Tributaria y Sareb. Urbas está en proceso de solicitar al juzgado la aceptación de su propuesta de convenio, confiando en que cumple con las exigencias legales para continuar con su proceso de reestructuración.