Telefónica está considerando la venta de su negocio en Venezuela después de 35 años de operaciones en el país, marcando el fin de su presencia en la región hispanoamericana. La empresa, liderada por Marc Murtra, se encuentra en un proceso de evaluación que es complicado por las sanciones impuestas por Estados Unidos. A pesar de que estas sanciones se han flexibilizado recientemente, todavía quedan restricciones que podrían influir en el acuerdo final.
La operadora española ha estado explorando la posibilidad de desinvertir en Venezuela, siendo este el último mercado de Latinoamérica del que podría retirarse, tras haber salido de países como Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, México y Uruguay, donde ha reclamado más de 3.600 millones de euros por sus operaciones.
El clima político en Venezuela ha cambiado desde la detención de Nicolás Maduro en enero de 2026, lo que ha llevado a una transición bajo Delcy Rodríguez, supervisada por Estados Unidos. Este cambio ha generado un ambiente de incertidumbre que ha ralentizado cualquier posible venta. En este contexto, Telefónica ha decidido marcar un plazo de un año para buscar una oferta viable a través de un proceso competitivo.
El interés por este mercado ha reactivado la atención de otras operadoras que antes evitaban el país debido a las restricciones internacionales, incluyendo a AT&T y Verizon, que podrían entrar en el mercado junto a petroleras estadounidenses ya operando en Venezuela. También están en la mira grupos latinoamericanos como Claro, de América Móvil, y Millicom, que hasta ahora no han tenido acceso al mercado venezolano.
Entre los potenciales compradores, se menciona al fondo Latin America Real Assets Opportunities (LARA), cofundado por Mauricio Claver-Carone, antiguo enviado especial de Estados Unidos para América Latina durante la administración Trump. Sin embargo, cualquier movimiento en este sentido debe cumplir con la regulación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU.
Regulaciones clave en la posible venta de Telefónica
El 21 de agosto de 2026, la OFAC emitió las licencias generales 61 y 62, que modifican las sanciones para el sector de telecomunicaciones en Venezuela. Esta flexibilidad se alinea con un tono más suave en la política de sanciones de Washington que ha beneficiado a otras compañías, como Repsol, que está planeando inversiones significativas en el país.
La licencia 61 permite a empresas y ciudadanos estadounidenses proporcionar bienes y servicios para el mantenimiento y actualización de infraestructuras de telecomunicaciones, incluso en transacciones con el Gobierno venezolano y empresas estatales. Sin embargo, la licencia 62 es particularmente relevante para Telefónica, ya que permite negociar contratos para nuevas inversiones y la creación de nuevos operadores en el sector. A pesar de esto, todos los contratos acordados deben recibir una autorización adicional de la OFAC.
Restricciones adicionales y el impacto en la operación
Es importante destacar que cualquier negociación o acuerdo no se puede finalizar sin esa autorización complementaria, garantizando que Washington tenga la última palabra en el proceso. Además, las regulaciones excluyen transacciones que involucren a entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, aumentando la complejidad del escenario de venta.
Los analistas sugieren que la venta del negocio en Venezuela podría reducir algunos riesgos asociados a operar en un entorno complejo. Sin embargo, el impacto en la deuda de Telefónica sería poco significativo. Se estima que la transacción podría generar entre 114 y 152 millones de euros, teniendo en cuenta el EBITDA anualizado.
Telefónica se ha comprometido recientemente a invertir 500 millones de euros en la modernización de su infraestructura, ampliando la cobertura 4G y comenzando el despliegue de la red 5G. Esto indica que no se anticipan novedades en el corto plazo, ya que la empresa se da un año para concretar cualquier movimiento en el mercado venezolano.