Una reciente decisión judicial ha generado un acontecimiento significativo en el ámbito de la custodia de menores en España. La jueza Susana Álvarez Civantos, tras tomar declaración a Juana Rivas en relación a una denuncia por sustracción de menores interpuesta por su expareja, Francesco Arcuri, ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa. Esta resolución se produce tras determinar que los hechos analizados no constituyen un delito penal.
La controversia se originó en marzo de 2025 cuando Arcuri denunció a Rivas por no devolver a su hijo menor, Daniel, a su residencia en Carloforte, Italia, tras unas vacaciones en España. A pesar de una orden judicial italiana que fijaba el regreso del menor el 2 de enero, Rivas no cumplió con esta, alegando preocupaciones sobre la integridad física y psíquica del niño. En paralelo, un tribunal italiano otorgó la custodia exclusiva a Arcuri, priorizando su regreso inmediato.
Este caso ha estado marcado por una serie de decisiones judiciales. A principios de mayo, un tribunal solicitó la ejecución de la sentencia de retorno al padre, aunque no estableció fechas precisas para ello. A medida que la situación se desarrollaba, los abogados de Rivas realizaron importantes esfuerzos para evitar que el niño regresara a Italia, lo cual finalmente ocurrió el 27 de julio de 2025.
En la declaración ante el juzgado el 30 de octubre, Rivas se limitó a responder preguntas de su abogado, quien argumentó que no había tenido conocimiento de la obligación de devolver a Daniel. Sin embargo, el abogado de Arcuri refutó esta afirmación, señalando que la defensa de Rivas estaba mal fundamentada.
La jueza coincide con la Fiscalía en que la actuación de Rivas no constituye un intento deliberado de alterar la custodia del menor. A pesar de haber incumplido la orden de restitución, se considera que la situación no alcanza la gravedad delictiva según el Código Penal. Destacaron que Rivas actuó siempre dentro del marco judicial y que su intención siempre fue la protección del menor ante los alegados malos tratos por parte de Arcuri, cuyo juicio continúa en Italia.
Antecedentes y posibles repercusiones legales
Este no es el primer episodio legal que enfrenta Rivas, quien en 2018 fue condenada a cinco años de prisión por una situación similar relacionada con sus otros hijos. Aunque su condena fue reducida posteriormente a un año y tres meses gracias a un indulto, este tenía la condición de no cometer el mismo delito en un plazo de cuatro años. La posibilidad de una nueva condena podría implicar complicaciones para el indulto previo.
En el juicio por los presuntos malos tratos de Arcuri que sigue su curso en Italia, se espera que se produzca una declaración clave del padre el próximo 10 de diciembre, fecha que podría determinar el rumbo de la controversia. La resolución definitiva del caso, junto a los recursos que pueden interponerse, dejará abierto un capítulo más en esta compleja cuestión de custodias y derechos de los menores.