Francia se encuentra en una situación de incertidumbre frente al nombramiento de un nuevo primer ministro, mientras enfrenta un desajuste en sus finanzas públicas. El déficit público del país, que alcanzó el 5,5% del PIB en 2023, podría aumentar hasta el 6,2% en 2025 si no se toman medidas urgentes, según advierten las autoridades.
El ministro de Economía, Bruno Le Maire, junto a Thomas Cazenave, su ministro delegado de cuentas públicas, han alertado sobre la necesidad de tomar medidas contundentes para contrarrestar este desajuste. Se proponen recortar €16.000 millones en el presupuesto actual como una de las acciones necesarias para abordar esta situación.
A pesar de las expectativas de crecimiento económico para 2024, cercano al 1% o 1,1%, los ingresos fiscales no han sido los esperados. Esto se debe a un rendimiento inferior en impuestos como el IVA, la renta y el impuesto de sociedades. Asimismo, se ha identificado un aumento inesperado en los gastos de municipios y otras entidades locales, contribuyendo al desequilibrio financiero.
Ante esta coyuntura, se ha puesto de manifiesto la necesidad de tomar acciones efectivas para evitar un mayor deterioro de la credibilidad presupuestaria de Francia. El Gobierno ha intentado implementar medidas de austeridad, como la congelación de €10.000 millones en gastos y la propuesta de una ley de finanzas rectificativa para generar ahorros adicionales, que no contaron con el respaldo político deseado.
El Tribunal de Cuentas francés ha alertado sobre el nivel alarmante de la deuda pública del país, que actualmente alcanza el 110% del PIB. Además, ha señalado que las proyecciones de crecimiento optimistas y los objetivos poco realistas planteados por el Gobierno anterior podrían dificultar la recuperación de la situación presupuestaria hasta 2027.
