La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha manifestado su respaldo a la prohibición de la contratación de servicios como la electricidad por teléfono, una medida contemplada en el proyecto del Reglamento General de Suministro y Contratación. Según un comunicado publicado en su página web, la OCU considera que esta prohibición debería extenderse a otras empresas, como las compañías de telefonía, que también enfrentan problemas de falta de transparencia y abusos contra los consumidores.
Recientemente, Forbes Hispano informó sobre la intención del Gobierno de poner fin a estas prácticas a través de un real decreto que se encuentra en proceso de audiencia pública en el Ministerio para la Transición Ecológica. Este decreto establece, en su artículo 13, la eliminación de la posibilidad de que las comercializadoras realicen publicidad y contratación de suministros por teléfono, a menos que exista una solicitud expresa por parte del consumidor o la llamada sea iniciada por el consumidor.
Esta medida fue propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe previo sobre los mercados minoristas de gas y electricidad. La CNMC señaló que numerosos consumidores habían presentado quejas por recibir llamadas telefónicas engañosas de diferentes comercializadoras, sin su consentimiento, lo que llevaba a contrataciones de suministros deficientes o sin consentimiento informado.
Las empresas del sector, incluyendo a grandes compañías como Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol, así como unas 500 comercializadoras registradas, están preparando alegaciones para el reglamento durante el periodo de audiencia.
La OCU también ha compartido los resultados de una encuesta que revela que el 90% de los consumidores siguen recibiendo llamadas comerciales no deseadas, con una frecuencia de más de seis llamadas al mes para el 40% de los encuestados, especialmente de empresas energéticas y de telefonía. Ante esta situación, la organización ha exigido a la Agencia de Protección de Datos que realice labores de control, vigilancia y, de ser necesario, imponga sanciones ejemplares.
La encuesta de la OCU también revela que en muchos casos los consumidores desconocen la identidad de quien les llama, con un 20% de las llamadas incumpliendo directamente la normativa al no identificar a la empresa. Además, es común que los comerciales utilicen argumentos falsos para presionar a los usuarios.
Por otro lado, la OCU destaca que desde el año 2023 está pendiente la aprobación de la Ley de Servicios de Atención al Cliente, una normativa que ayudaría a abordar los problemas detectados y agilizar las reclamaciones para resolver los abusos identificados.
