La reciente propuesta del Gobierno vasco para conceder la semilibertad a María Soledad Iparragirre, conocida como Anboto, ha sido objeto de controversia tras el recurso presentado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La fiscalía argumenta que no existen las «circunstancias excepcionales» requeridas por la ley para aplicar esta medida a la exjefa de ETA, quien cumple una condena de 30 años de prisión por delitos graves, incluidos diez asesinatos.
Esta es la segunda ocasión en que el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco intenta que Anboto pueda salir de prisión de lunes a viernes para realizar labores de voluntariado. La primera propuesta fue rechazada por un juez después de que la fiscalía interpusiera un recurso, alegando que no había cambiado la situación penitenciaria ni los motivos que habían justificado la negativa inicial.
En su escrito, la Fiscalía ha señalado que las condiciones planteadas en esta nueva propuesta son prácticamente las mismas que las de la anterior, la cual fue anulada por las autoridades judiciales. En ese sentido, se subraya que la propuesta no cumple con el criterio establecido en la legislación penitenciaria, que exige una justificación contundente para acceder a la semilibertad.
La gravedad de los delitos y la falta de progresión
Uno de los argumentos más contundentes que utiliza la Fiscalía es la gravedad de los delitos cometidos por Iparragirre, incluidos atentados, tenencia de explosivos y delitos contra la Corona. Además, existen causas pendientes que aún deben ser juzgadas, lo que agrava la situación de la exjefa terrorista. La fiscalía enfatiza que las salidas diarias propuestas podrían asemejarse a los beneficios del tercer grado, del cual Anboto no cumple los requisitos legales.
Por otro lado, el Gobierno vasco justificó su propuesta indicando que Anboto ha mostrado una «evolución favorable» durante su tiempo en prisión. Argumenta que las salidas diarias serían parte de un plan realista para su reinserción social, sobre todo considerando que se aproximan a las tres cuartas partes de su condena, lo que podría abrir la puerta a su libertad condicional en el futuro.
A pesar de estas justificaciones, el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, revocó la decisión de conceder la semilibertad. Recalcó que, aunque ha habido señales de una posible reinserción, el plan presentado no es suficiente y que su estatus como «terrorista de extrema notoriedad» implica la necesidad de una supervisión progresiva de sus salidas y permisos.
La controversia que rodea a este caso destaca la complejidad de la aplicación de medidas penitenciarias y la tensión entre la reinserción social de los reclusos y la gravedad de los delitos cometidos. La Fiscalía seguirá oponiéndose a la semilibertad hasta que se consideren todas las dimensiones del caso y se garantice que no se estén adelantando los beneficios del tercer grado.