El proceso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado en España se encuentra en una encrucijada, apenas a dos semanas de que expire el plazo constitucional para su presentación. A pesar de no haber fijado una fecha concreta ni contar con los apoyos necesarios para su convalidación, el Gobierno ha reafirmado su compromiso de aprobar el proyecto antes de finalizar el ejercicio fiscal.
Recientemente, los ministros de Hacienda y Cultura sostuvieron una reunión para discutir las prioridades de las próximas cuentas públicas. Se anticipa que este nuevo proyecto de presupuestos, si finalmente se materializa, sería el primero desde la aprobación de los presupuestos actuales en 2023, que han permanecido vigentes tras múltiples prórrogas, convirtiéndose en los más duraderos de la democracia.
Prioridades y techo de gasto
Según el Ministerio de Hacienda, las nuevas cuentas públicas incluirán un enfoque sin precedentes en el gasto social, con medidas dirigidas a mejorar el acceso a la vivienda, apoyar a los jóvenes, proteger el poder adquisitivo de los pensionistas, e invertir en educación y sanidad. No obstante, los detalles sobre estas políticas aún no han sido revelados, echo que ha llevado a la especulación respecto a la viabilidad de su implementación.
El techo de gasto ha sido fijado en un récord de 226.032 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,6% respecto al año anterior. Este monto fue aprobado en julio y servirá como base de referencia para la política fiscal, aun en el caso de que no se consigan aprobar nuevas cuentas. Sin embargo, las tensiones que se han generado tras el rechazo de la senda fiscal en las Cortes han complicado aún más el escenario.
Impasse legislativo
El revés parlamentario que sufrió el Gobierno a finales de julio ha creado un panorama peculiar en la política española. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria requiere que el Ejecutivo cuente con una senda fiscal en vigor para continuar con el debate de los presupuestos. Sin embargo, no especifica el procedimiento a seguir en caso de que dicha senda sea rechazada en múltiples ocasiones. A pesar de este desafío, el Ministerio de Hacienda se sostiene en la interpretación de que el rechazo legislativo no anula la referencia de déficit previamente comunicada a Bruselas.
La dinámica de tramitación de los presupuestos está sumida en una complejidad mayor, reflejando el desgaste del Gobierno de coalición que enfrenta crecientes dificultades para consolidar mayorías en el Parlamento. Este proceso, que tradicionalmente comenzaba antes del verano, ahora se encuentra en un estado embrollado, comenzando con una orden ministerial para su elaboración y continuando con la fijación del techo de gasto y el reparto de déficit entre administraciones.
La dificultad para formar coaliciones y asegurar apoyos está detrás de un ciclo de tres años sin la presentación de nuevos presupuestos, lo que ha llevado al Gobierno a recurrir a modificaciones de crédito para gestionar sus gastos. Oscilando entre la falta de acción y la presión electoral que se avecina en el horizonte, el escenario para el próximo año parece estar definido por desafíos tanto políticos como económicos.