El panorama del emprendimiento en Chile se ha visto revitalizado recientemente con la licitación para la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en Calama, que inicia su proceso a través de un modelo de concesión. Esta iniciativa está enmarcada en una inversión de aproximadamente 300 millones de euros, contemplando no solo la edificación del recinto, sino también su mantenimiento y operación durante un periodo máximo de 20 años.
Entre los actores principales que han mostrado interés en el proyecto se encuentran Dragados, filial de ACS, Sacyr y Constructora San José, así como una variedad de empresas internacionales como China Road and Bridge Corporation, Newrest, Sodexo y Global Dominion, además de varios constructores locales. La futura cárcel se erigirá en terrenos fiscales situados en la Ruta B-195, en la intersección con la Ruta 23, a 31 kilómetros de la ciudad de Calama.
Este nuevo complejo tendrá capacidad para albergar a 1.850 personas, lo que refleja la magnitud de la inversión en infraestructura penitenciaria del país. El contrato no solo abarca la construcción, sino que implica también la prestación de servicios penitenciarios, mantenimiento y conservación del establecimiento, bajo condiciones que se alargarán por las próximas dos décadas.
Detalles del Proyecto
El diseño del nuevo establecimiento incluye varias instalaciones especializadas, tales como un Centro de Educación y Trabajo (CET), módulos para personas con capacidades diferentes y un centro de tratamiento de adicciones. Asimismo, contemplará un punto de posada para helicópteros y oficinas administrativas, además de toda la infraestructura de seguridad necesaria, como muros perimetrales, torres de vigilancia y sistemas de videovigilancia.
Del mismo modo, el concesionario tendrá la posibilidad de generar ingresos adicionales a través de un economato y servicios complementarios, estableciendo así un modelo de negocio robusto que va más allá de la mera construcción. La evaluación de las ofertas se llevará a cabo mediante una fórmula que considera el subsidio fijo tanto para la construcción como para la operación.
El calendario del proyecto indica que la licitación será publicada en 2026, con el inicio de obras programado para 2029 y una puesta en servicio provisional para 2032. Este enfoque a largo plazo no solo beneficiará a las constructoras involucradas, sino que también promete un impacto significativo en el sector penitenciario de Chile.
La nueva cárcel se sitúa en un contexto más amplio de reformas en la política de seguridad del país. La influencia de modelos de gestión penitenciaria, como el implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, ha dejado su huella en las decisiones estratégicas del gobierno chileno. Sin embargo, la documentación del proyecto no menciona explícitamente correlatos con el modelo salvadoreño.
Este movimiento hacia una colaboración público-privada refuerza la atractivo del mercado chileno para las constructoras españolas, que ya están posicionadas para aprovechar las oportunidades en infraestructura y servicios. Con una capacidad significativa y una cifra de inversión contundente, la nueva cárcel de Calama se puede considerar una pieza clave en el panorama de infraestructura de Chile, que seguramente atraerá la atención de otros inversionistas en el futuro.