La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado su firme respaldo a la recuperación de los salarios de tramitación en España. En una reciente entrevista en Televisión Española, Díaz aseguró: “¿Es correcto que volvamos a los salarios de tramitación? Por supuesto que sí.” Esta declaración llega pocos días después de una crucial reunión entre su ministerio, sindicatos y patronales para discutir una reforma sobre el despido. Sin embargo, el presidente de la CEOE anunció que se retiraría de la mesa de negociaciones.
¿Qué son los salarios de tramitación?
Los salarios de tramitación son las compensaciones que recibe un trabajador despedido mientras espera la resolución de un proceso judicial. Si se determina que el despido fue improcedente, la empresa debe abonar esos salarios. Este mecanismo fue prácticamente eliminado tras la reforma laboral de 2012, y su restauración ha sido un tema recurrente en las demandas de los sindicatos.
El futuro de la normativa laboral
Díaz también dejó claro que la reforma no necesariamente implica la recuperación literal de los salarios de tramitación, pero en su lugar propondrá un modelo que proteja a las trabajadoras con menos antigüedad y a quienes están en situaciones más precarias. Según el Ministerio de Trabajo, “la recuperación de los salarios de tramitación tiene que ser parte del cambio hacia un despido más restaurativo”.
La reforma de 2012, controvertida y rechazada por los sindicatos, redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades. Además, eliminó los salarios de tramitación, lo que fue muy celebrado por los empresarios, ya que en los despidos de relaciones laborales cortas, estas compensaciones generalmente superaban el monto de la indemnización.
Impacto de la posible recuperación
El restablecimiento de los salarios de tramitación podría repercutir positivamente en el ámbito laboral. Actualmente, muchos empleadores utilizan contratos indefinidos como si fueran temporales, calculando en sus costos de contratación una posible indemnización por despido al cabo de un año. Esta práctica se vería encarecida con la reinstauración de los salarios de tramitación, dada la prolongación de los tiempos para resolver estos casos en los tribunales, que suelen superar los seis meses.
Díaz apuntó en su entrevista que el verdadero debate no gira en torno a cifras como 33 o 45 días, sino que busca que el sistema de despido en España sea más justo. “El despido debe considerar factores como la edad y la situación laboral del individuo”, subrayó, refiriéndose a las diferencias significativas entre el impacto del despido en un joven altamente cualificado y en una persona con menos oportunidades.
Además, la ministra se basa en compromisos adquiridos por PSOE y Sumar, así como en resoluciones del Consejo de Europa, que ha instado a modificar la legislación española para cumplir con la Carta Social Europea en materia laboral. Según Garamendi, presidente de la CEOE, la sentencia del Tribunal Supremo de este verano cierra el debate al rechazar indemnizaciones adicionales. Sin embargo, Díaz reafirma que el legislador tiene la responsabilidad de resolver la discrepancia entre el sistema actual y lo que establece dicha Carta.
Este revuelo en torno a los salarios de tramitación y el modelo de despido es solo una parte de un panorama más amplio sobre la justicia laboral en España, donde se esperan cambios que equilibran la balanza entre empresarios y trabajadores.
