Las grandes empresas en Estados Unidos parecen estar tomando posturas en cuanto a su compromiso con la democracia. Stephen Schwarzman, de Blackstone, recientemente respaldó la candidatura de Donald Trump a la presidencia de EE UU. Por otro lado, los CEO de importantes empresas petroleras han seguido su ejemplo. Jamie Dimon, presidente de JPMorgan Chase, incluso mencionó que las opiniones de Trump sobre diversos temas críticos son «bastante acertadas».
Tras el asalto al Capitolio en enero de 2021, muchas empresas prometieron no financiar a candidatos que cuestionaran la legitimidad de la elección de Joe Biden. Sin embargo, estos compromisos no se materializaron. A menudo, el mundo empresarial prefiere la autocracia en sus operaciones internas, generando una brecha entre su discurso y sus acciones concretas en favor de la democracia.
Los líderes empresariales en ocasiones ejercen un poder similar al de los dueños de las empresas, aunque su propiedad real es limitada. Su influencia se basa en el control de activos y en las herramientas legales que respaldan la estructura empresarial. A pesar de esto, la democracia y el estado de derecho juegan un papel fundamental en la legitimidad de sus acciones y en la estabilidad de los mercados.
Es crucial reconocer la interdependencia entre el poder empresarial y el sistema político. A medida que líderes como Schwarzman, Dimon y otros se alinean con posturas que puedan socavar la democracia, podrían enfrentar consecuencias legales y una incertidumbre que afectaría directamente sus negocios.
La historia de Hong Kong sirve como ejemplo de los riesgos de ignorar la importancia de la democracia y el estado de derecho. La autodefensa colectiva a través de una democracia constitucional fuerte es esencial para proteger tanto los intereses empresariales como los valores democráticos fundamentales, evitando así posibles crisis futuras.
