El avance de la inteligencia artificial (IA) está superando la capacidad de respuesta institucional, lo que plantea desafíos importantes para la humanidad, la autonomía y el orden democrático. A medida que la automatización se expande y se espera que elimine la mayoría, si no todos, los empleos, el riesgo de un futuro de desempleo tecnológico se vuelve inminente. Este escenario podría resultar en una concentración extrema de poder y riqueza en manos de unos pocos que controlan los sistemas de IA, mientras que la mayoría podría verse relegada a una «clase permanente subyacente».
Un aspecto central en esta dinámica es que los modelos de lenguaje, como los que desarrollan diversas empresas tecnológicas, no surgen de la nada. Se entrenan utilizando cantidades masivas de datos textuales, imágenes y código extraído de internet y archivos digitales. En este sentido, estos modelos son representaciones derivativas de un esfuerzo colectivo humano, apoyados por infraestructuras públicas como el internet y universidades que han formado a los investigadores en IA.
Las empresas encargadas de desarrollar estos sistemas han mostrado una falta de interés en adherirse a estándares de seguridad que resguarden el bienestar general. Aunque reconocen el potencial de riesgos catastróficos, su resistencia ante las presiones de grupos civiles y gobiernos plantea una preocupación evidente: la tecnología más transformadora desde la agricultura no debería estar exclusivamente en manos privadas, donde los beneficios tienden a concentrarse, mientras que los riesgos se socializan.
¿Deberían los fondos soberanos invertir en IA?
En este contexto, surge la propuesta de que el Fondo de Pensiones del Gobierno Noruego, valorado en más de 2 billones de dólares, realice la compra de OpenAI, que actualmente tiene una valoración cercana a los 800 mil millones de dólares. Anteriormente, OpenAI operaba como una organización sin fines de lucro con un compromiso hacia el beneficio de la humanidad, pero esta misión ha cambiado con su transformación en una corporación con fines de lucro, lo cual representa una pérdida significativa para la comunidad global.
La intervención del gobierno noruego podría llevar la gestión de OpenAI a un actor más comprometido con el bienestar internacional. Si bien esto requeriría que Norges Bank liquidara una cantidad considerable de su cartera y significaría violar su mandato, la emergencia asociada al control privado de la IA justifica la flexibilidad en los enfoques normativos existentes.
Noruega, reconocida como una de las democracias más estables del mundo, tiene una larga historia de gestión colectiva de la riqueza. Sin embargo, la adquisición de OpenAI por parte del fondo noruego podría encontrarse con obstáculos, especialmente por parte del gobierno de Estados Unidos. A pesar de ello, una administración futura podría considerar esta opción si la situación lo permite.
El desfase entre la magnitud de la transición hacia la IA y las propuestas políticas convencionales es abismal. El cierre de centros de datos, por ejemplo, es una respuesta simplista que ignora los beneficios que podría ofrecer un futuro automatizado y colectivo. Sin un cambio en las estructuras de propiedad de los laboratorios de IA y sin garantías de un control democrático, es probable que la mayoría de la población humana quede desempoderada en el futuro. Por lo tanto, es crucial fomentar propuestas que empujen los límites de lo plausible y ofrezcan opciones que promuevan un futuro más igualitario y próspero.