El Gobierno español está en medio de una controversia por tratar de apartar a la experta española Carmen Salcedo del comité que decidirá en Estrasburgo si la normativa nacional sobre el despido cumple con la Carta Social Europea. Estas «interferencias manifiestas» han generado un debate sobre la influencia del Gobierno en decisiones judiciales de relevancia laboral.
El representante de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) solicitó a la presidenta de este organismo que recusara a Carmen Salcedo debido a un artículo que escribió el año pasado en el que cuestionaba la adecuación de la normativa actual a la Carta Social Europea, tema que el Comité debía evaluar a petición de UGT, el sindicato mayoritario en España.
PSOE y Sumar tienen posturas divergentes sobre la normativa del despido, comprometiéndose en su programa de Gobierno a que esta respete la Carta Social Europea. Si el Comité determina que la normativa española está en consonancia con la Carta, el Gobierno tendría argumentos para mantenerla. Por otro lado, si da la razón a los sindicatos, podría abrir la puerta a cambios significativos en las indemnizaciones por despido improcedente.
La recusación de Salcedo generó polémica al considerarse un movimiento inusual e inédito en este tipo de procesos. Aunque el Consejo de Europa no ha dado detalles sobre el avance de esta situación, la controversia se mantiene latente en el ámbito laboral y sindical.
Este incidente se suma a las críticas recientes sobre presuntas interferencias del Gobierno en decisiones judiciales relevantes, lo que ha llevado a un debate político en el Congreso de los Diputados sobre la independencia judicial y la transparencia en el sistema legal.
