La creciente preocupación por la privacidad en la era digital ha llevado a un intenso debate en torno a las tecnologías de vigilancia. Un claro ejemplo es Flock Safety, una empresa que ha popularizado los lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. La integración rápida de su tecnología en diversas comunidades ha generado un retroceso significativo, reflejando la lucha entre la seguridad y la protección de datos personales.
Desde el inicio de 2026, más de 50 agencias y jurisdicciones han optado por cancelar, suspender o rechazar los contratos con Flock, así como desactivar sus cámaras. Este retroceso se ha visto impulsado por una presión pública considerable, lo que llevó al CEO de la empresa, Garrett Langley, a anunciar cambios significativos en sus políticas. Entre estas modificaciones, que fueron comunicadas el 13 de agosto, se incluye la reducción del tiempo de retención de datos de 30 a 7 días, la implementación de códigos de caso para búsquedas policiales y la obligatoriedad de software diseñado para detectar búsquedas sospechosas.
Esta reacción puede interpretarse como una victoria para los defensores de la privacidad, aunque el problema de la vigilancia va más allá de un solo proveedor. Anaya Robinson, directora de políticas públicas de la ACLU de Colorado, subraya que Flock se ha convertido en sinónimo de la vigilancia con ALPR, similar a cómo Google se asocia con la búsqueda en internet. Esto ha facilitado que la opinión pública enfoque su atención en una sola empresa, en lugar de un fenómeno más amplio que involucra a múltiples tecnologías de vigilancia.
La rápida expansión de Flock a través de contratos locales ha sido una de las razones detrás de su protagonismo. Muchos de estos acuerdos se firmaron sin la aprobación legislativa o consulta pública necesarias, lo que permitió que las cámaras se instalaran sin alerta a los residentes. A medida que la comunidad comenzó a investigar, se desataron preocupaciones sobre la implementación de esta tecnología. Robinson afirma que la comprensión de cómo funcionan las cámaras de Flock ha aumentado la inquietud entre la población.
Un cambio de proveedor sin solución integral
A pesar del rechazo a Flock, existe el riesgo de que las comunidades simplemente cambien el proveedor de su sistema de vigilancia, manteniendo intacta la tecnología. En Denver, Colorado, después de permitir que expirara su contrato con Flock, las autoridades aprobaron rápidamente un nuevo acuerdo por $150,000 con Axon para la instalación de cámaras ALPR, a pesar de las objeciones de los activistas por la privacidad.
Cooper Quintin, tecnólogo senior en la Electronic Frontier Foundation, advierte que aunque la oposición a Flock demuestra que las comunidades pueden limitar a las empresas de vigilancia, los cambios voluntarios no abordan la raíz del problema. La necesidad de un mandato judicial para búsquedas invasivas como las consultas a bases de datos ALPR se hace cada vez más evidente. Quintin hace un llamado a los legisladores para que aprovechen este momento y establezcan protecciones reales en la ley.
El caso de Flock ha puesto de relieve la necesidad de una discusión más amplia sobre el uso no regulado de la tecnología de vigilancia. Robinson, de la ACLU, sostiene que el verdadero problema no radica en un solo proveedor, sino en el uso indiscriminado de estas tecnologías. Esto sugiere que, aunque el cambio de proveedor puede ofrecer un alivio temporal, no resuelve la preocupación central sobre la privacidad y la vigilancia excesiva.