La situación financiera de Finetwork se encuentra en el centro de una controversia legal que involucra a su fundador, Pascual Pérez Castillo, y a José Miguel García, CEO de Vodafone España. La polémica surge tras la acusación de Pérez de que la administración de García dejó a la empresa un pasivo de 3 millones de euros, consecuencia de la cesión de directivos clave.
La querella presentada por Pérez ha sido admitida a trámite en el Tribunal de Instancia de Alicante. El documento señala que durante su breve mandato, García despidió a diez directivos fundamentales, incluyendo a Francisco Javier Herranz Gómez, quien reclama 1,8 millones de euros por una cláusula contractual, además de otros 200.000 euros por despido injustificado. Este caso, junto con otros conflictos según los cuales se busca un total que supera los 3 millones, deberá mantenerse en las cuentas de la empresa por más de un año y medio.
Por su parte, otras reclamaciones también han surgido de figuras significativas como Óscar Vilda, exCEO de Finetwork. Vilda ha interpuesto una demanda por un monto que asciende a 692.008 euros, incluidos bonos y un acuerdo de acciones fantasma tras su salida en 2024. César Carlos Martín, otro directivo afectado, reclama 70.000 euros por incentivos impagados, y el total de las reclamaciones podría aumentar aún más debido al proceso de liquidación de la plantilla.
La querella expone que el saldo de las reclamaciones supera, de hecho, los 3 millones de euros, lo que podría impactar significativamente en la salud financiera de Finetwork. También se plantea que algunos de estos conflictos, incluidos los de Vilda, ocurrieron antes de la llegada de García, pero que han sido incluidos en las cuentas, lo que refuerza la acusación de inflar la deuda de la empresa.
Inflación de la deuda y cuestionamientos contables
Pascual Pérez sostiene que durante el mandato de García, la deuda de Finetwork se elevó artificialmente a 227 millones de euros. Esta cifra, según él, fue incrementada al incluir en el balance partidas aún en litigio judicial o arbitral, como créditos reclamados en procesos de ejecución y ciertas facturas emisor mismo por Vodafone, a pesar de no tener resolución firme.
Una de las acusaciones más graves se refiere a un préstamo participativo de 130 millones de euros otorgado por Vodafone a Wewi. Este préstamo, argumenta Pérez, permitió que una deuda comercial se contabilizara como patrimonio neto, lo que, a su vez, evitó la disolución técnica de la sociedad, lo que pone en dudas la transparencia de las operaciones financieras durante el periodo en cuestionamiento.
Controversia sobre la venta de la marca
Además, Pérez ha cuestionado la venta de la marca Finetwork a Vodafone por 15 millones de euros, llevada a cabo en noviembre de 2025. Afirma que esta transacción no se realizó en condiciones de equidad, ya que Vodafone poseía en ese momento un control casi total sobre Wewi Mobile. La denuncia sugiere que el acuerdo involucraba condiciones coercitivas, ya que el cobro de una parte de la suma estaba ligado a la renuncia de Pérez a impugnar judicialmente un plan de reestructuración que resultó posteriormente anulado por la Audiencia Provincial de Alicante.
Esta situación marca un capítulo crucial en la historia reciente de Finetwork, mientras la empresa enfrenta una reestructuración interna y líquida en medio de un panorama de contiendas legales que podría determinar su futuro y su estabilidad en el mercado.