Las protestas de los agricultores han alcanzado varios países de la Unión Europea, incluyendo España, donde los agricultores y las grandes organizaciones agrarias se han unido para demandar precios justos, un mayor control de las importaciones y una reducción de la carga burocrática.
Estas demandas plantean interrogantes sobre la efectividad de la Política Agrícola Común (PAC) y la política comercial de la UE en la protección de los intereses de los agricultores. A pesar de los 300.000 millones de euros destinados a financiar la transición hacia un modelo de agricultura sostenible, surge la percepción de que estos recursos son insuficientes o no están siendo distribuidos eficientemente, especialmente en España, que cuenta con casi un 12% de esta financiación.
Precios justos y competencia
Los agricultores demandan precios justos, a pesar de que los mercados de productos agrícolas operan en competencia perfecta, donde el precio depende de la oferta y la demanda global. Aunque la PAC busca mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, la ley de la cadena alimentaria de 2021 no ha logrado reducir la diferencia entre precios en origen y destino. Además, el endurecimiento de medidas proteccionistas choca con los acuerdos de libre comercio que eliminan aranceles de productos agrícolas.
Control de importaciones y carga burocrática
Los agricultores demandan un mayor control de las importaciones, argumentando que los productos importados son más baratos debido a regulaciones medioambientales y laborales menos estrictas en otros países. Aunque existen controles de importación, aún falta tiempo para que se aplique la ley de diligencia debida. Además, la carga burocrática impuesta a los agricultores para acceder a los subsidios es excesiva, lo que dificulta su acceso a la financiación pública.
La consolidación de un marco regulatorio más racionalizado y eficiente es crucial para mejorar las condiciones de los agricultores y del medio rural. En España, el exceso regulatorio derivado de escándalos de corrupción durante la crisis económica ha agravado esta situación, lo que requiere una reforma urgente.
Es fundamental que el sector agrario no sea penalizado por malas prácticas que no le conciernen, siendo necesario mejorar la gestión de los fondos públicos para garantizar su efectividad en el apoyo a los agricultores y al medio rural.
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