El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en España ha mostrado un sólido avance del 0,6% en el cierre del año, en contraste con el estancamiento económico en Europa. Este crecimiento se ha mantenido al inicio del presente ejercicio, según la afiliación a la Seguridad Social y las encuestas de confianza del consumidor y de las empresas.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que casi la mitad del crecimiento registrado en la segunda mitad de 2023 se debe al consumo de las administraciones, en contraposición a otros países europeos donde la contribución del consumo público ha sido nula. A pesar de este impulso, el déficit presupuestario apenas ha disminuido a pesar del dinamismo económico, hasta noviembre.

Esta situación plantea desafíos debido a la activación de las reglas fiscales europeas y al aumento de las cargas financieras derivadas de una alta deuda pública y tipos de interés elevados. La prolongación de la prórroga presupuestaria también presenta obstáculos, ya que, aunque no afecta a los pagos de intereses, pensiones ni salarios públicos, otras partidas de gasto permanecen congeladas. Por otro lado, se espera un aumento de los ingresos debido a ajustes en el IVA y otros impuestos energéticos, lo que indica un giro fiscal restrictivo.

La cuestión crítica es cómo corregir los desequilibrios presupuestarios sin obstaculizar la expansión económica. La experiencia previa y la de otros países de la Unión Europea resaltan la importancia de ajustes graduales y evaluaciones del impacto de las medidas fiscales, considerando las transformaciones del tejido productivo. Es crucial realizar asignaciones adecuadas de recursos, ya que ciertos estímulos pueden no surtir el mismo efecto que en el pasado.

Por ejemplo, las deducciones fiscales para la vivienda, a pesar de representar una merma significativa de recursos públicos, no han logrado impulsar la oferta, que es el principal desafío en la actualidad. Del mismo modo, la inversión de más de 3.000 millones de euros en la digitalización de empresas no ha redundado en mejoras de productividad ni en aumento de la inversión productiva, posiblemente debido a deficiencias en la asignación de los recursos. Asimismo, la inversión pública ha disminuido en proporción al PIB, confirmando deficiencias en la ejecución de los fondos europeos. La inversión privada tampoco responde plenamente a los estímulos, evidenciando una disminución del esfuerzo de equipamiento de la economía en comparación con las cifras previas a la pandemia.

Una senda fiscal más sostenible, sustentada en mejoras de gestión, no debería obstaculizar el crecimiento, ya que otros motores como el consumo de las familias, el mercado laboral y la expansión internacional de las empresas españolas continuarían impulsando la economía. Se prevé también una relajación de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo una vez que se asegure la estabilidad inflacionaria.

En resumen, la economía española tiene la capacidad de mantener un crecimiento favorable en comparación con Europa, sin generar déficits externos ni burbujas de crédito. La prosperidad futura depende de cambios en el funcionamiento de las principales políticas públicas y de la adaptación de la Unión Europea a un entorno global radicalmente distinto, especialmente en áreas como la integridad del mercado único, la política industrial y comercial, donde se ha delegado la competencia.

PIB

Según las últimas estimaciones del INE, el PIB de España en 2023 se situó un 2,5% por encima del nivel prepandemia de 2019, mostrando una recuperación similar a la de la eurozona. Sin embargo, la composición de este crecimiento es diferente, con mayor énfasis en el consumo de las administraciones y el sector exterior en España, mientras que el consumo de las familias se acerca al nivel de 2019 y la inversión se sitúa por debajo, a diferencia de la zona euro, donde ambas variables superan los valores previos.

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Mercedes Cruz Ocaña