La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tienen en marcha un proyecto para evitar que los menores accedan a contenidos para adultos en plataformas digitales. Según la ONG Save The Children, el 20% de los jóvenes ha visto pornografía por primera vez a los 12 años, y la mitad de ellos consume este contenido con regularidad a los 15 años.
El proyecto piloto de verificación de edad, previsto para este verano, permitirá a las empresas restringir el acceso a los usuarios menores de edad. La AEPD asegura que el programa no almacenará información personal sobre la identidad del usuario, simplemente verificará la edad. Sin embargo, surgen desafíos legales al no ser obligatorio el uso de este sistema y al coexistir con otras herramientas de verificación.
Expertos en protección de datos advierten sobre el riesgo de filtración de información personal y la posible injerencia en el derecho a la intimidad y la protección de datos. Además, señalan que la verificación de edad a través del DNI podría exponer otros datos personales del usuario, lo que afectaría la privacidad de los mismos.
Riesgos potenciales
La implementación de sistemas de verificación también podría provocar una disminución de la audiencia de usuarios mayores de edad, quienes buscarían proveedores de contenido con menos controles para preservar su privacidad. Asimismo, la existencia de la Deep Web representa un desafío adicional, ya que los menores podrían acceder a contenidos aún más perjudiciales al no tener restricciones para ingresar a este espacio oculto de internet.
Los expertos coinciden en que la participación activa de los padres, tutores y la comunidad educativa es esencial para complementar estas medidas de verificación y prevenir el consumo de pornografía por parte de los menores. Además, resaltan la importancia de concienciar a los jóvenes sobre la naturaleza inapropiada de estos contenidos para su edad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció recientemente la elaboración de una ley orgánica para proteger a los menores de la pornografía. Sin embargo, se prevé que la limitación territorial de esta normativa sea un obstáculo importante, por lo que se requerirá un consenso internacional y la colaboración de los principales operadores tecnológicos para controlar de manera efectiva el acceso de los menores a estos contenidos.
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