El debate sobre la gestión de los servicios destinados a las víctimas de violencia de género en Andalucía ha alcanzado un nuevo nivel de tensión política. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha solicitado una reunión con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, para discutir la reciente cesión a Vox de las competencias relacionadas con la valoración de las víctimas de violencia machista. Esta decisión ha generado preocupaciones significativas sobre el destino de los fondos destinados a combatir este problema crítico en la comunidad.
La cesión de estas competencias se produce en el contexto del nuevo Gobierno andaluz, en el cual Vox ha asumido la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Las Unidades de Valoración Forense Integral, que ahora estarán bajo el control de este partido, son esenciales para evaluar el riesgo que corren las víctimas de violencia de género, así como para diagnosticar el daño que han sufrido. Estas unidades, establecidas en 2004, están compuestas por profesionales de la Medicina Forense, la Psicología y el Trabajo Social, y su función es crucial para garantizar la protección de las víctimas.
Redondo expresó su «profunda preocupación» en una carta enviada a Moreno, enfatizando que la decisión de ceder estas competencias podría enviar un mensaje contradictorio sobre el compromiso del Gobierno andaluz hacia las víctimas de violencia machista. Esta opinión fue compartida por toda la oposición política andaluza, que se manifestó casi de manera unánime en contra de la medida en cuanto se hizo pública.
Andalucía, desafortunadamente, es la comunidad autónoma con mayor cantidad de asesinatos por violencia machista desde 2003, alcanzando un total de 290 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Solo en el último año, se reportaron 15 asesinatos, y en los primeros siete meses de 2023, ya se han contabilizado nueve víctimas mortales. Estos datos resaltan la urgencia de contar con un sistema sólido y comprometido en la protección y atención a las víctimas.
Preocupaciones sobre la gestión de fondos públicos
En su misiva, la ministra advierte que la nueva estructura de gestión podría comprometer el adecuado manejo de los fondos vinculados al pacto de Estado contra la violencia de género. Estos fondos están destinados a garantizar la protección y atención integral de las mujeres y sus hijos e hijas. Además, Redondo subrayó que la cesión de estas competencias podría poner en riesgo tanto la efectividad de las políticas públicas como los derechos de las mujeres andaluzas.
Desde el lado del Gobierno andaluz, el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, respondió a las críticas del Ejecutivo central, señalando que la gestión de la Consejería de Justicia corresponde al vicepresidente de Vox. Esta situación ha suscitado diversas reacciones, incluyendo un llamado del PSOE para que Vox aclare en el Parlamento la cantidad de recursos que destinará a la protección de las víctimas de violencia de género.
Los socialistas han manifestado su preocupación por un potencial retroceso en los recursos públicos dedicados a la atención y protección de las mujeres afectadas por la violencia machista. La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, destacó la indignación generalizada entre las mujeres ante la posibilidad de que el PP permita que un partido con una postura cuestionable respecto a la violencia de género gestione los recursos críticos para su protección.
El futuro de las políticas de protección de las víctimas de violencia de género en Andalucía parece depender no solo de las decisiones del Gobierno regional, sino también de la vigilancia y acción de los partidos de oposición y de la sociedad civil, que deben permanecer atentos a cualquier posible retroceso en los avances conseguidos hasta ahora.