La reciente iniciativa del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que propone una inversión de 874 millones de dólares en siete empresas dedicadas al desarrollo de tecnologías clave para la inteligencia artificial (IA), ha atraído la atención no solo por la magnitud de la cifra, sino también por las implicaciones de la participación gubernamental en estas compañías. Este movimiento, bajo el enfoque “America First”, busca posicionar a Estados Unidos como un líder en el sector de la IA, mientras el país enfrenta una creciente competencia global, especialmente de China.
Las asignaciones de fondos se destinan a diversas áreas de la cadena de suministro de la IA, donde cada empresa recibirá una inversión a cambio de una participación minoritaria. GlobalFoundries, por ejemplo, recibirá 300 millones de dólares para acelerar el desarrollo de ópticas coempaquetadas, que integran conexiones basadas en luz con procesadores de IA. Por su parte, Kepler obtendrá 245 millones para innovar en un nuevo tipo de memoria para IA. Otras cinco empresas compartirán el resto de los fondos.
Este no es un evento aislado. En meses anteriores, el Departamento de Comercio ya había comprometido más de 2,000 millones de dólares para nueve empresas de computación cuántica bajo términos similares, además de haber adquirido un 10% de Intel por 8.9 mil millones de dólares el año pasado. Estas decisiones reflejan una estrategia industrial que busca no solo subsidiar industrias clave, sino también mantener una influencia en ellas.
Un Nuevo Enfoque en la Regulación del Capital
Analistas como Chris Miller, autor de «Chip War», señalan que las inversiones recientes se asemejan a una forma de capital de riesgo del sector público. Los fondos invertidos no garantizan el éxito de todas las empresas, pero es crucial para los contribuyentes que se obtengan beneficios de aquellas que prosperen. Este modelo podría ser visto como un intento de Washington de emular la paciencia de la inversión estatal china, que ha permitido a compañías nacionales establecerse en sectores como vehículos eléctricos, baterías y drones.
Sin embargo, la dinámica de la participación del gobierno genera inquietudes respecto al poder real que posee. Todd Tucker, del Roosevelt Institute, advierte que aunque las participaciones pueden facilitar el control en mercados fallidos, el gobierno ha limitado su capacidad de influir en las decisiones de las empresas, al comprometirse a no votar en contra de la dirección de las mismas. Esta falta de control riguroso podría convertirse en un desafío en un contexto donde el gobierno también actúa como inversor y regulador.
Históricamente, Estados Unidos ha apoyado empresas estratégicas a través de subsidios, préstamos y contratos. Matt Stoller, director de investigación en el American Economic Liberties Project, expresa sus reservas sobre la falta de reglas claras en esta nueva aproximación. Sin un marco definido, los riesgos de confusión aumentan tanto para las compañías como para los contribuyentes.
Se plantea un dilema en cuanto a la clarificación de los objetivos de estas inversiones. Miller sostiene que es esencial establecer fronteras claras entre las responsabilidades del gobierno y las de las empresas, enfatizando la necesidad de transparencia en el proceso. Sin una estrategia coherente, la incertidumbre sobre este enfoque puede volverse perjudicial, mezclando enfoques razonables con incoherentes y potencialmente peligrosos.