El 19 de marzo de 2023, en una coordinación entre el Departamento Federal de Finanzas (FDF), FINMA, el Banco Nacional Suizo (SNB) y otras entidades financieras, se anunciaron acciones clave para la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS. Un componente crítico de este paquete fue la amortización total de los bonos AT1 de Credit Suisse, una acción que desencadenaría una serie de disputas legales.
Ese mismo día, el Consejo Federal implementó modificaciones a la Ordenanza de Emergencia, permitiendo a FINMA ordenar a un banco la condonación de su capital principal. En consecuencia, se instruyó a Credit Suisse a cancelar de inmediato todos sus bonos AT1 y a notificar a los tenedores sobre esta acción. Esta intervención provocó que unos 3.000 demandantes presentaran recursos ante el Tribunal Administrativo Federal en aproximadamente 360 casos.
El 1 de octubre de 2025, el tribunal emitió una decisión parcial sobre uno de los recursos, reconociendo el derecho de apelación de los demandantes y revocando el decreto de marzo. Sin embargo, la corte aún no ha tomado una resolución definitiva sobre la reversión. Por el momento, otros casos se encuentran en pausa hasta que se clarifique la situación respecto a la revocación del decreto.
Desde la perspectiva del Tribunal Administrativo Federal, los instrumentos de capital AT1 son considerados parte fundamental del capital básico adicional de un banco. Estos pueden ser cancelados ante la ocurrencia de un evento predefinido, conocido como «evento de viabilidad». Sin embargo, el tribunal argumenta que, cuando se llevó a cabo la cancelación, Credit Suisse estaba suficientemente capitalizado y cumplía con todos los requisitos regulatorios necesarios, lo que impidió que se diera el evento de viabilidad.
Además, el análisis legal realizado por el Tribunal destaca que la decisión de cancelación violó gravemente los derechos de propiedad de los tenedores de bonos, lo cual requería una base legal clara y formal. «No existía tal fundamento», concluyó el tribunal, dejando bajo la lupa la validez de las decisiones tomadas por FINMA.
