El pasado 20 de diciembre se aprobó una reforma del subsidio de desempleo que entrará en vigor el 1 de junio. Los cambios incluyen una mejora en la cuantía del subsidio durante el primer año de cobro, una mayor compatibilidad entre el salario y el cobro de la ayuda, y una ampliación del número de colectivos protegidos.
Según cálculos del investigador de Fedea, Miguel Ángel García, el impacto presupuestario de estos cambios podría alcanzar los 2.500 millones de euros al año, considerando que el subsidio llegaría a unas 400.000 personas más, sumándose a los 971.000 que ya lo reciben. Por su parte, el Gobierno calcula un gasto en subsidios de 4.586 millones de euros, lo que supondría un ahorro en el primer año de aplicación de 101 millones de euros y aumentaría a 378 millones en el tercer año.
Además, se espera un incremento en la financiación de 613 millones de euros debido al nuevo complemento de ayuda al empleo, y modificaciones en los subsidios para los eventuales agrarios que elevarían el gasto en 38 millones. Asimismo, la supresión del mes de espera para acceder a cualquier subsidio supondrá un coste de 100 millones de euros anuales.
La evaluación de García para Fedea detecta más defectos que virtudes en la nueva regulación. Aunque reconoce que las medidas avanzan en la generación de incentivos para la búsqueda y aceptación de empleo, considera que habría sido necesario un mayor endurecimiento en las exigencias de búsqueda de empleo y una mejora del funcionamiento del sistema para que lleguen más ofertas de los servicios públicos a los desempleados. Además, señala deficiencias en el desempeño de los servicios públicos de empleo para cumplir con su función de orientación e intermediación, debido a su escasa relación con las empresas y el desalineamiento de incentivos generado por la separación de competencias entre el SEPE y los servicios autonómicos de empleo.
Una norma con más defectos que virtudes
La evaluación de la nueva regulación del subsidio de desempleo apunta a que, a pesar del aumento del gasto en subsidios, la normativa presenta más defectos que virtudes, según el investigador de Fedea, Miguel Ángel García. Aunque las medidas incluidas en la reforma avanzan en la generación de incentivos para la búsqueda y aceptación de empleo, se echa en falta un mayor endurecimiento en las exigencias de búsqueda de empleo y una mejora del funcionamiento del sistema para que lleguen más ofertas de los servicios públicos a los desempleados. Además, se destacan deficiencias en el desempeño de los servicios públicos de empleo para cumplir con su función de orientación e intermediación, debido a su escasa relación con las empresas y el desalineamiento de incentivos generado por la separación de competencias entre el SEPE y los servicios autonómicos de empleo. Asimismo, se destaca que la reducción de la cuantía del subsidio a medida que pasan los meses puede desincentivar a quienes llevan en el desempleo más tiempo, que son la mayoría de los beneficiarios.
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