En un desarrollo reciente en el ámbito de la inteligencia artificial y la defensa, un tribunal ha expresado sus dudas sobre la decisión del gobierno estadounidense de prohibir el uso de la tecnología de Anthropic por parte del Departamento de Defensa (DoD). Durante una audiencia, la jueza Rita Lin indicó que la administración no ha presentado evidencia suficiente que justifique la etiqueta de riesgo en la cadena de suministro que se ha impuesto a la empresa.
El desencuentro surgió a raíz de negociaciones de contrato estancadas entre Anthropic y el DoD. La empresa ha manifestado su rechazo a que su tecnología de inteligencia artificial sea utilizada para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o en decisiones relacionadas con armamento letal. Anthropic argumenta que su tecnología no está aún preparada para tales fines. Por su parte, el Pentágono ha defendido su postura, afirmando que una compañía privada no debería definir cómo se emplean estas tecnologías en el ámbito militar y asegurando que las utilizaría de maneras «legales».
Además, el gobierno sostiene que la crítica pública de Anthropic hacia el DoD justifica la prohibición, un argumento que fue calificado de «realmente preocupante» por la jueza Lin. Ella advirtió que tal lógica podría establecer un precedente peligroso, donde los contratistas federales fueran penalizados por disentir con la administración.
El argumento del DoD incluye la posibilidad de que Anthropic pudiera desactivar o modificar sus modelos de inteligencia artificial durante operaciones militares. Sin embargo, varios expertos han cuestionado esta afirmación, sugiriendo que carece de respaldo. Lin coincidió con este análisis, afirmando no haber visto evidencia que indicara que Anthropic podría alterar un modelo entregado o activar algún tipo de «interruptor de muerte».
Esta audiencia forma parte de una de las dos demandas que Anthropic presentó contra el DoD en marzo de este año, desafiando tanto la prohibición como la designación de riesgo. La otra demanda está siendo escuchada en Washington. Actualmente, la jueza Lin, quien bloqueó temporalmente la prohibición en marzo, está evaluando si esta orden debería convertirse en permanente.