El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo industrial del Estado, adquiera hasta un diez% del capital de Telefónica, lo que la transformaría en el primer accionista de la operadora, conforme ha informado la sociedad estatal a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuando se complete la operación, el Estado volverá al capital de Telefónica veintiseis años tras su completa privatización, va a tener derecho a uno o dos miembros en el consejo de administración y se transformará en el primer accionista por delante de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, CaixaBank, Saudi Telecom Company (STC) y el fondo BlackRock. A costos de mercado, esta participación está valorada en en torno a dos mil millones de euros. El Ejecutivo ha justificado la operación por el carácter estratégico de la multinacional de España y los contratos que sostiene en el área de defensa.

La resolución se genera tras la entrada en el capital de la operadora de STC, la operadora estatal saudita, que en el mes de septiembre anunció la adquisición del cuatro con nueve% del capital con opción a otro cinco% por medio de instrumentos financieros convertibles. El movimiento provocó entonces un seísmo financiero y político. Pilló por sorpresa tanto al consejo de administración de Telefónica como al Gobierno, que debe dar luz verde a fin de que los saudíes completen la toma del nueve con nueve%. Desde entonces, múltiples miembros del Ejecutivo, con la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, a la cabeza se han comprometido a aplicar “todos los mecanismos necesarios” para proteger “los intereses estratégicos de España”. Y entre esos mecanismos, ya se aceptó a fines de octubre la posible entrada de la SEPI en el capital.

El consejo de administración de Telefónica se ha pronunciado tras el anuncio de la SEPI con un breve comunicado, en el que apunta que “la compañía manifiesta que continúa enfocada en la ejecución del Plan Estratégico 2023-2026, recientemente aprobado y comunicado a través del Capital Markets Day del pasado 8 de noviembre de 2023, para seguir creando valor para sus accionistas y procurar el mejor servicio a sus clientes”. Por su parte, sus máximos accionistas —BBVA y CaixaBank así como Criteria, el brazo inversor de la Fundación “la Caixa”— han declinado efectuar comentarios.

“Estabilidad accionarial”

“Con una vocación de permanencia, la participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas”, ha señalado esta tarde la SEPI en el comunicado a la CNMV al cierre de la sesión bursátil.

En exactamente el mismo, la sociedad estatal aclara que procederá “a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario”. La cotización de Telefónica cerró en la sesión de este martes a tres con cincuenta y seis euros por acción, tras caer un cero con setenta y ocho%. La capitalización de la compañía ronda los veinte.000 millones de euros, por lo que la adquisición de ese diez% va a suponer un desembolso de dos mil millones de euros, muy afín a los dos mil cien millones que pagó STC por su nueve con nueve% en el mes de septiembre.

Desde que se completaran, eminentemente en las décadas de los ochenta y los noventa, la privatización de las grandes compañías públicas como Endesa, Tabacalera, Argentaria, Iberia o la propia Telefónica, ningún Gobierno había llevado a cabo un movimiento de este calado, tanto desde el punto de vista financiero como estratégico. En este sentido, el Ministerio de Hacienda, del que depende la SEPI, ha apelado para acometer la operación al “interés nacional” y a la necesidad de dotar a la compañía de una “estabilidad accionarial”.

Presencia en seguridad nacional y defensa

“La presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales”, ha indicado Hacienda en una nota de prensa. “Telefónica es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos. La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa”, añade el comunicado del departamento que dirige María Jesús Montero.

Hacienda asimismo destaca que Telefónica “también está presente en todas las áreas tecnológicas del Ministerio de Defensa y proporciona los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa en territorio nacional y en operaciones militares en el exterior, contando, por tanto, con un sólido posicionamiento en este sector”.

En exactamente la misma línea, Calviño ha aprovechado su presencia en el Senado para indicar que la operación busca dar estabilidad a la compañía en sus objetivos estratégicos y su estructura accionarial, y está “en línea con otros grandes países europeos como Francia y Alemania, que tienen o están incluso incrementando su participación pública en los grandes operadores de telecomunicaciones”. El Estado alemán tiene un trece con ocho% del capital de Deutsche Telekom; el francés, un trece con cuatro% de Orange, y el italiano adoptó en el mes de agosto un pacto para acrecentar hasta el veinte% su participación en la compañía que reúne los activos de telefonía fija de Telecom Italia.

Operación financiera

Desde el punto de vista financiero, la SEPI no va a poder acometer con sus fondos la operación, por lo que deberá solicitar un préstamo al Estado. En dos mil veintidos, perdió sesenta y cinco millones y apenas contaba con una caja de cuatrocientos cincuenta y cuatro con sesenta y nueve millones. Además, su capacidad para endeudarse está limitada por los Presupuestos del Estado y, para dos mil veintitres, el máximo es de trescientos veinte millones, por lo que precisará una autorización singular del Ministerio de Hacienda. Además, la SEPI habrá de ser muy cautelosa en la adquisición de acciones para no disparar la cotización y, con esto, acrecentar el costo de la operación. Para ello, la sociedad estatal, como ya ha aceptado a la CNMV, prevé efectuar pequeñas adquisiciones dilatadas en el tiempo de forma afín a de qué manera acrecentó su participación del dieciocho% al veintiocho% en Indra.

Una vez que se complete la adquisición de la SEPI, el Gobierno va a tener manos libres para autorizar la toma del cinco% auxiliar del capital de Telefónica por STC, que aún no ha gestionado el permiso frente al Ministerio de Defensa para lograr el nueve con nueve%. La operadora, participada por el fondo soberano saudita PIF, va a poder entonces solicitar por lo menos un puesto en el consejo de administración.