El reciente debate en la Asamblea de Extremadura marca un hito en la política regional, tras la aprobación de los presupuestos generales para el año 2026. Esta histórica decisión, respaldada por el Partido Popular (PP) y Vox, se logró gracias al consenso entre ambas formaciones, alcanzando un total de 40 votos a favor de los 65 escaños disponibles. Este nuevo presupuesto, que asciende a 8.854 millones de euros, representa un aumento del 9,3% en comparación con el año anterior.
La sesión que llevó a la aprobación de las cuentas duró más de 13 horas y se vio acompañada por el debate de cerca de 700 enmiendas parciales. La mayoría de estas propuestas fueron rechazadas, especialmente aquellas presentadas por el PSOE y Unidas por Extremadura, quienes ocuparon el papel de oposición en este proceso legislativo.
Desde la Junta de Extremadura, se destaca que este presupuesto es el más alto en la historia de la comunidad. De esta cantidad total, aproximadamente 6.000 millones de euros, equivalentes a un 66,6%, se destinarán a servicios esenciales como sanidad, educación y atención social. Un incremento notable se observó en la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, que verá un aumento de 500 millones de euros, mientras que la educación recibirá 170 millones adicionales.
Medidas sociales y fiscales
Entre las iniciativas más destacadas se encuentra un aumento en la dotación para ayudas a la natalidad, que se duplica de 1 millón a 2,1 millones de euros. Además, el Plan Regional de Vivienda 2026-2029 contará con una inversión de 110 millones de euros. En el ámbito fiscal, el nuevo ajuste incluye una rebaja en los dos primeros tramos del IRPF, con la intención de aliviar la carga fiscal para las rentas medias y bajas.
No obstante, las demandas de Vox también han influido en la configuración de este presupuesto, resultando en recortes significativos en áreas como la cooperación internacional, que disminuye de 11 a 2,7 millones de euros. De igual manera, se han recortado en un 50% las subvenciones destinadas a los sindicatos mayoritarios y a la patronal.
Elena Manzano, consejera de Hacienda y Administración Pública, afirmó que la aprobación de estas cuentas representa un avance crucial para la región. Manzano subrayó la importancia de este proceso, destacando que la convocatoria de elecciones anticipadas, realizada en diciembre, fue una estrategia para desbloquear la situación presupuestaria.
En el lado opuesto, el PSOE ha criticado la validez del nuevo presupuesto, calificándolo de «nacer muerto» y sugiriendo que tendrá una vigencia efectiva de apenas dos meses. Isabel Gil Rosiña, portavoz socialista, argumenta que esta decisión responde a un mero ejercicio contable vinculado a los intereses del acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox.
Del mismo modo, desde Unidas por Extremadura, se han alzado críticas hacia la falta de diálogo en la tramitación de estas cuentas. Irene de Miguel, portavoz del partido, ha expresado que estas Cuentas son un «farol», reiterando que el Gobierno opera con el respaldo de su mayoría, pero sin comprender ni considerar las necesidades de la ciudadanía.
Este panorama de tensiones y diferencias ideológicas refleja la compleja realidad de la política extremeña y las decisiones que darán forma al futuro de la comunidad en los próximos años.