El Gobierno busca fórmulas que ayuden a regular los alquileres turísticos en España. El asunto, que no se incluyó en la ley de vivienda aprobada en la pasada legislatura, ha motivado esta semana una reunión entre el Ministerio de Industria y Turismo y el recién creado Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. De ese encuentro se informará, previsiblemente, en la conferencia sectorial de turismo que se celebra este jueves. Pero podrán trasladarse pocas conclusiones, más allá de comunicar la intención con la que se ha constituido el grupo de trabajo. Este, al que previsiblemente se sumarán otros departamentos, tiene por misión ver qué puede aportar el Ejecutivo en la materia. Aunque el mayor margen de actuación corresponde a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, admiten en Vivienda, también creen que es posible abordar en el ámbito estatal “algunas cuestiones que pueden incidir en una reordenación del alquiler vacacional y suponer un refuerzo para el alquiler residencial”.
Las mismas fuentes ministeriales citan algunas líneas de actuación que se están explorando. Por ejemplo, a través de la Ley sobre propiedad horizontal, que regula las comunidades de propietarios. Una reforma de esa norma en 2019 ya estableció que, con un acuerdo del 60% de los vecinos, se pueden prohibir nuevos apartamentos turísticos en un edificio. Y aunque en dos casos que no se basaban en este supuesto, una sentencia del Tribunal Supremo conocida este martes ha avalado la capacidad de las comunidades de vecinos para vetar pisos vacacionales, al considerarse una actividad económica que escapa al uso residencial de las viviendas.
Otra posibilidad, aunque en Vivienda insisten en que son solo ejemplos y no hay ninguna decisión adoptada, sería usar la fiscalidad para incentivar que los caseros mantengan un piso en alquiler tradicional y no lo pasen el turístico. Además, la Comisión Europea está preparando un reglamento sobre la cuestión y el Gobierno podrá trasladar durante ese proceso algunas conclusiones. El grupo de trabajo, por tanto, busca también propuestas que se puedan hacer llegar a Bruselas o que requieran de la colaboración con las comunidades autónomas (que tienen la competencia en turismo y son las que pueden exigir un registro de viviendas turísticas) y los ayuntamientos (que regulan a través de las ordenanzas municipales). En el ministerio insisten en la necesidad de “colaboración” con el resto de Administraciones y el respeto a las competencias autonómicas.
La iniciativa parte de una doble “preocupación”, trasladan fuentes del Gobierno. Por un lado, las disfunciones que muchos pisos vacacionales crean en comunidades de vecinos o incluso en barrios enteros, con afecciones de ruido y problemas de convivencia. Por otro, el “desplazamiento” de los alquileres residenciales, lo que redunda en problemas como la gentrificación (sustitución de capas de población más modestas por otras con mayor poder adquisitivo al subir los precios en algunas zonas) y la turistificación (el desequilibrio entre la proporción de visitantes y de residentes que hay en una zona).
Acuerdo PSOE-Sumar
El pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar ya abarcaba algunas de estas problemáticas. El texto que firmaron el presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hablaba de “medidas dirigidas a garantizar el equilibrio entre los visitantes y los residentes”. Y en otro punto del acuerdo ambas formaciones se mostraban incluso más tajantes: “Revisaremos la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas”.
Esas zonas están pendientes de declaración, ya que se regularon en la ley de vivienda aprobada en mayo. Durante la negociación de esa norma, Unidas Podemos pidió reiteradamente abordar esta materia, que finalmente quedó al margen. Las citadas fuentes de Vivienda, un departamento que se mantiene en manos del PSOE como lo estaba la anterior legislatura al pertenecer al entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, defienden la conveniencia de que así fuera: “Si hubiéramos metido más cosas, es posible que todavía estuviéramos discutiendo la ley”, zanjan.
El departamento que ahora dirige Isabel Rodríguez ha decidido abordar la cuestión, pese a que esta no viene recogida específicamente en la norma de mayo. Los trabajos correrán en paralelo a otras dos cuestiones que el ministerio tiene pendientes y que sí se regularon. Por un lado, la formación de un grupo de trabajo para estudiar los arrendamientos de temporada, que no son lo mismo que los pisos turísticos que se alquilan por días. La disposición adicional quinta de la ley obligaba a dar ese paso en seis meses. El plazo se cumplió el 26 de noviembre y en Vivienda justifican el retraso por el tiempo que el Ejecutivo ha estado en funciones y el posterior cambio de carteras. Pero aseguran que el proceso “avanza bien” y se culminará “próximamente”. La otra tarea pendiente es la concreción del índice de precios de alquiler, un paso fundamental para que las comunidades que lo deseen (de momento, solo Cataluña) pongan topes a los precios. Este asunto, que no tenía un plazo concreto de cumplimiento, se prevé dejarlo zanjado en enero.
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