El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado decisiones sobre varias quejas que involucran al juez Juan Carlos Peinado, quien es responsable de la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Estas decisiones se han producido tras una serie de intensas reuniones de la comisión permanente del CGPJ, el órgano encargado de la acción disciplinaria dentro de la judicatura.
Entre las quejas que han sido tramitadas, destaca la que se relaciona con la decisión del juez de retirar el pasaporte a Gómez, justificada por el temor de que los escoltas asignados a la pareja presidencial pudieran facilitar su fuga del país. Esta controversia, junto con otras investigaciones en curso, ha llevado a que el CGPJ remita estos casos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) para que se tomen decisiones adicionales.
El magistrado se enfrenta a la posibilidad de ser expedientado, tras ser señalado por su conducta en relación a un procedimiento que había sido objeto de una queja presentada por un particular. Este último se quejaba de un retraso significativo en el trámite del caso, que abarca un periodo desde junio de 2024 hasta enero de 2026. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, este tipo de incidencias pueden considerarse infracciones que llevan consigo sanciones que varían desde multas hasta la suspensión o expulsión del cargo.
Contexto de las quejas y alegaciones
La polémica en torno al juez Peinado también incluye una queja presentada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Bolaños argumentó que la intervención del juez al interrogarlo como testigo en el Palacio de La Moncloa fue irregular, una acusación que inicialmente fue propuesta para archivo por el promotor de la acción disciplinaria, pero que fue posteriormente reabierta por el CGPJ insistiendo en la necesidad de más datos.
Además, el CGPJ ha tratado diversas diligencias donde están involucradas quejas de Más Madrid y del diputado socialista Guillermo Hita. Estas quejas alegan que el juez se concentró excesivamente en la causa contra Gómez, descuidando otras investigaciones que conducían a la impugnación de un alto funcionario del Ayuntamiento de Madrid, lo que obligó al archivo del proceso.
Estos acontecimientos revelan la complejidad y las tensiones en el funcionamiento interno del CGPJ, además de poner de manifiesto la escrutinio que la figura del juez Peinado enfrenta en medio de un caso de gran relevancia política y social. Con la mirada de la opinión pública sobre estas decisiones, el impacto de las acciones del CGPJ podría extenderse más allá de la judicatura, afectando la percepción sobre la independencia judicial en España.