El **absentismo laboral** ha cobrado una relevancia particular en el contexto laboral español, y sus cifras lo evidencian. En 2025, los trabajadores perdieron en promedio aproximadamente 10 horas al mes, lo que representa cerca del 7% de las horas pactadas. Este fenómeno se ha visto en gran medida influenciado por las bajas por enfermedad, que están catalogadas como **incapacidad temporal** según el artículo 169 de la Ley General de la Seguridad Social.
Las bajas por contingencias comunes, aquellas relacionadas con problemas de salud que no están directamente vinculados con el puesto de trabajo, han tenido un aumento significativo. En una comparación de una década, estos procesos pasaron de 29,14 por cada mil afiliados en 2016 a 53,73 en el último año, lo que se traduce en casi 9,7 millones de procesos de incapacidad temporal en 2025, de acuerdo con datos de la Seguridad Social.
El esfuerzo económico que implica este absentismo es notorio. El gasto público en prestaciones por incapacidad temporal se incrementó un 11,8% el año pasado, alcanzando los 18.413 millones de euros, casi tres veces más que hace diez años. La confederación empresarial CEOE estima que las empresas asumen un coste adicional de alrededor de 17.000 millones de euros relacionados con estas bajas, lo que lleva el desembolso total a más de 35.000 millones de euros anuales, convirtiéndolo en uno de los mayores gastos públicos, solo superado por las pensiones.
El papel de los detectives privados
<pEn este panorama, algunas organizaciones optan por la contratación de detectives privados cuando existen dudas sobre la veracidad de las bajas. Esta práctica, aunque legal, se desarrolla dentro de un marco normativo estricto que ha sido aclarado por los tribunales de forma progresiva. Los empleados tienen el derecho a impugnar cualquier prueba obtenida en estas investigaciones, aunque la anulación de la misma es poco frecuente. Las áreas de vigilancia están limitadas; por ejemplo, el domicilio del trabajador y los espacios reservados quedan excluidos del alcance de los investigadores.
Recientemente, una decisión del **Tribunal Supremo** legitimó el seguimiento fotográfico en gimnasios, al considerar que el empleado había ingresado con autorización y que el gimnasio no era un espacio de intimidad personal. Sin embargo, es importante destacar que la empresa no puede iniciar una investigación de forma indiscriminada. Necesita contar con indicios que justifiquen las sospechas de incumplimiento en el ámbito laboral.
Marco legal y límites
Las situaciones en torno al absentismo pueden ser categorizadas de manera distinta. En casos de ausencias injustificadas o abandono del puesto, las empresas pueden optar por la **vía disciplinaria**, llegando incluso al despido. Sin embargo, en el caso de una incapacidad por motivos de salud, el papel del detective no se extiende a la evaluación de la causa médica, función que corresponde a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social encargadas de los reconocimientos médicos.
Los investigadores privados pueden observar la conducta del trabajador durante la baja, siempre que sea relevante en el contexto laboral. Por ejemplo, un empleado con muletas haciendo ejercicio puede ser considerado desde una perspectiva diferente a un trabajador de baja por depresión que es visto en un evento social, dado que esta actividad podría estar relacionada con su proceso de recuperación.
La actividad de los detectives privados está regulada por la **Ley de Seguridad Privada de 2014**, que establece que un informe pericial debe demostrar un interés legítimo y describir con claridad los hechos investigados. Los resultados pueden ser utilizados como evidencia gráfica o videográfica, respaldada por el testimonio del detective ante el juez. Sin embargo, las empresas deben asegurarse de que la vigilancia sólo se realice con bases sólidas, en espacios públicos y vinculada a comportamientos relevantes para el trabajo, cumpliendo con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. No respetar estos requisitos podría no solo invalidar la prueba en un juicio, sino también abrir la puerta a posibles demandas por violaciones de derechos fundamentales y a las correspondientes indemnizaciones.